La discusión parlamentaria sobre la aplicación de una nueva tributación a la minería sigue levantando confusiones y polémicas que deben despejarse para evaluar correctamente su pertinencia e impacto a mediano y largo plazo.
1. Chile No Tiene Un Royalty Minero: MITO
En 2005 la Ley 20.026 estableció un impuesto específico bajo los supuestos de un royalty: el Estado es dueño de las minas, y como los minerales se agotan, el país perdería una importante fuente de recursos.
2. El Estado Recauda Poco Por El Royalty Minero: MITO
El Estado de Chile ha recaudado por el royalty minero más de $9.000 millones de dólares, considerando lo que aporta Codelco y las 10 mineras privadas más grandes. Entre 2000 y 2019, solo estas 10 empresas han pagado $46.000 millones de dólares en impuestos. Esto equivale al 5% de los ingresos fiscales de Chile.
3. Cuando Hay Un Súper Ciclo Del Cobre, El Aporte Tributario De La Minería Crece: VERDAD
Entre 2005 y 2014, cuando se produjo el último súper ciclo del cobre, el aporte tributario de la minería privada y estatal alcanzó el 20% de los ingresos fiscales. Mientras que en años fuera del super ciclo, como desde el 2000 al 2005, solo aportó el 5,8% de los ingresos del fisco.
4. Chile Ha Perdido Competitividad Frente A Otros Países Mineros: VERDAD
Desde 2015, en Chile la producción de una libra de cobre cuesta un 17% más en promedio que en el resto del mundo. Esto impacta en la competitividad y e interés de los inversionistas de la minería en Chile.
5. La Minería Se Lleva Todo Y No Deja Nada En Chile: MITO
Entre el 2000 y el 2019, de los US$432 mil millones que generó la minería privada, el 51% fue pagado a trabajadores y proveedores; el 16% fue a inversión; el 10% correspondió a impuestos a la renta y al royalty y el 22% restante fue retirado por los dueños de las empresas.
6. La Minería Tiene Beneficios Tributarios Especiales: MITO
En la minería se aplican las mismas reglas tributarias que en los demás sectores productivos, exceptuando el royalty. Por ejemplo, también se rigen por el uso de la depreciación acelerada, que responde al interés de los países por incentivar la inversión.
