Por Cristóbal Correa, abogado
El hidrógeno verde tiene el potencial de posicionar a Chile como un líder mundial en energías renovables. Sin embargo, enfrenta barreras regulatorias que dificultan su desarrollo y nos restan competitividad frente a otros países del cono sur.
El sistema de permisos: un obstáculo central
Según la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, la tramitación de proyectos puede tardar hasta 130 meses. Solo el SEIA (Sistema de Evaluación Ambiental) requiere, en promedio, 25 meses, a los que se suman permisos sectoriales posteriores, incrementando la incertidumbre para los inversionistas.
Acceso a terrenos: un desafío crítico
En zonas aptas para estos proyectos, la disponibilidad de terrenos fiscales es limitada y el costo por hectárea en terrenos privados resulta elevado, especialmente al competir con usos agrícolas, ganaderos o mineros. Además, la obtención de concesiones marítimas, fundamentales para la infraestructura portuaria, puede tomar hasta 36 meses, un tiempo insostenible para quienes buscan avanzar con rapidez.
Falta de incentivos normativos
No existen beneficios tributarios significativos, salvo algunas iniciativas de Corfo. La normativa actual tampoco fomenta el uso de hidrógeno verde en sectores clave como la minería, uno de los mayores consumidores energéticos del país. Sin medidas claras que impulsen combustibles sostenibles y reduzcan la dependencia del diésel, es difícil generar un mercado interno sólido.
Por ejemplo, el tráfico marítimo en el Estrecho de Magallanes aumentó un 25% este año, pero Punta Arenas carece de la infraestructura necesaria para acompañar ese crecimiento. Esto refleja las trabas que mantienen detenidos al menos ocho proyectos relacionados con concesiones marítimas.
¿Qué está en juego?
Chile tiene todas las condiciones naturales para liderar esta transición. Sin embargo, si no eliminamos estas barreras regulatorias, veremos cómo otros países toman la delantera en un mercado estratégico que estamos dejando escapar.
