Ayer la Comisión de Minería y Energía del Senado aprobó el proyecto de royalty minero, pero en su forma híbrida, dadas las discrepancias que hubo entre los senadores. De esta manera se aprobó el artículo 1, que detalla que la compensación equivale a la suma de dos componentes: el primero, un porcentaje de las ventas anuales del producto minero; y el segundo, que se calcula entre ciertos pagos del explotador y lo que resulte de aplicar una tasa marginal y progresiva sobre la base del margen de explotación minera ajustado.
Respecto del impuesto ad valorem, la estructura definida apunta a que será de un 1% para aquellos productores que totalicen menos de 200 mil toneladas de cobre al año, mientras que para aquellos que superen el umbral, se aplicará un 1% si el precio anual del cobre es menor a US$ 2,25 por cada libra, un 2% si es mayor a US$ 2, 25 y un 3% si es superior a US$ 3,5. A modo de ejemplo, en 2021 solo cuatro faenas privadas superaron dicho umbral, dentro de las que se incluye a Escondida, Collahuasi, Los Bronces y Los Pelambres. Así, de haber estado vigente la propuesta, hubiesen pagado una tasa de 3% de las ventas, ya que el precio del mineral estuvo sobre los US$ 4,23.
En el caso del litio se estableció una fórmula similar: se aplicará a aquellos proyectos que se encuentren fuera del salar de Atacama y tendrán que pagar un 3% de las ventas anuales, además de un pago por rentabilidad.
El senador Guido Girardi (PPD), uno de los impulsores de esta fórmula, apuntó a que es fundamental acceder a recursos para el país a través de esta compensación. «No tener este royalty es condenar a Chile, claudicar frente al futuro. Como esto tiene foco en cambiar el modelo de desarrollo, además de fortalecer las regiones, queremos que este royalty sea un instrumento justo para Chile, que sea viable y que no altere la competitividad de este país; por eso planteamos este modelo de royalty que nos parece cumple absolutamente con esto. Va a recaudar más, es una carga justa para Chile y no pone en riesgo la competitividad del país», aseguró.
Por su parte, el senador oficialista Rafael Prohens (RN) votó en contra de la iniciativa. Aunque reiteró que está a favor del proyecto, insistió en su inconstitucionalidad. «Casi todas las mineras que participaron de la discusión dicen que hay espacio para aumentar el aporte que realiza la industria, pero lamento mucho esto porque lo conversamos con el Ejecutivo, que el gobierno no se haya hecho parte, ya que esta es una facultad exclusiva del Presidente», sostuvo el senador por Atacama. Además, insistió en que es fundamental que parte de este impuesto vaya directamente en beneficio de las regiones productoras.
En tanto, el Consejo Minero, gremio que reúne a los grandes productores del país, aseguró que si bien se trata de un proyecto mejor al que aprobó la Cámara de Diputados, aún presenta inconvenientes que esperan se puedan modificar en los siguientes pasos de la tramitación. «El texto aprobado insiste en un royalty con ‘componente ad valorem’, consistente en un porcentaje sobre las ventas anuales, fórmula que, aunque morigerada en esta última versión, sigue siendo problemática, porque implica que cuando hay pérdidas igual se paga este impuesto. Respecto al ‘componente de rentabilidad’, es similar al impuesto específico actual, pero no considera la depreciación y los gastos de organización y puesta en marcha, lo que constituye un desincentivo a la inversión futura», señaló el presidente ejecutivo del gremio, Joaquín Villarino.
