“Diría que la posición de los inversionistas en el rubro minero es de cautela ante las incertidumbres que plantea, principalmente, el proceso constituyente”, señala el analista minero Juan Carlos Guajardo, fundador y director ejecutivo de Plusmining, ante la consulta de cómo ha percibido el ánimo entre los inversionistas, frente al cambio de Gobierno en Chile y las señales que está dando la Convención Constitucional.
El experto maneja información de primera línea, pues su firma asesora a estos actores en su toma de decisiones de inversión, mediante análisis estratégicos de la industria minera y de los mercados de commodities.
Guajardo conversó con Minería y Futuro sobre las señales que ya ha visto, y de las posibles consecuencias que una nacionalización de las compañías mineras podría tener para el país.
¿Ha visto reacciones entre los inversionistas por el avance de iniciativas que plantean una nueva nacionalización en Chile?
Sin duda es uno de los elementos de mayor incertidumbre para la actividad, especialmente para los nuevos proyectos. Sin embargo, diría que parte importante del sector aún mantiene una postura de mucha mesura respecto de la verdadera factibilidad de que Chile avance en una nacionalización de las compañías mineras.
¿Qué impacto podría tener una decisión de ese tipo?
Una nacionalización pura y dura, sería un golpe inmenso para el sector y el país. En el corto plazo, los proyectos de inversión serían paralizados o desistidos completamente, lo que es muy relevante, considerando que el sector privado representa el 70% de la inversión en minería. En el largo plazo, en tanto, la ausencia de grandes compañías mundiales generaría pérdida de know-how y del estándar competitivo que estas brindan al país.
Adicionalmente, el debilitamiento institucional, junto con la pérdida reputacional y de confianzas en Chile, repercutiría no solo al rubro minero, pues elevaría el riesgo país, con las consecuencias que esto significa, por ejemplo, en acceso a capitales y deuda.
A su juicio ¿tiene el Estado chileno la capacidad para hacerse cargo de todas las compañías mineras?
En primer lugar, existen cuerpos regulatorios nacionales e internacionales que protegen a los inversionistas, por lo que una nacionalización desencadenaría un largo periodo de litigios, con un alto costo para Chile, por las eventuales indemnizaciones a las compañías afectadas.
Y como segundo factor a considerar, el Estado debería invertir entre US$5.000 a US$6.000 millones anuales, solo para mantener los actuales niveles de producción.
¿Cuál es su evaluación del actual modelo mixto en Chile, con minería estatal y privada?
El modelo de aprovechamiento de recursos naturales de Chile ha sido consistentemente citado como un caso exitoso a nivel internacional. Parte de dicho éxito se basa en este modelo mixto, que ha logrado construir en el tiempo una institucionalidad y ecosistema que permiten un desarrollo más amplio del potencial minero y, con ello, incrementar la generación de renta y riqueza para el país.
Conflicto internacional
Y saliendo de Chile. Las fuertes sanciones aplicadas a Rusia por invadir a Ucrania están impulsado el precio de varios commodities, entre ellos el cobre ¿Cómo ve este escenario y cuánto puede llegar a influir?
Sin duda que este conflicto ya está teniendo consecuencias evidentes en los precios de varios productos. El temor de que la producción de commodities rusos genere una menor oferta de ellos, ha elevado fuertemente los precios.
Pero al mismo tiempo, los mayores costos del petróleo y del gas generarán presiones inflacionarias, que pueden agudizar la reacción de las autoridades monetarias, y con ello afectar el crecimiento económico y los precios.
Mirando el largo plazo, esta guerra tendrá importantes consecuencias geoestratégicas y de ordenamiento mundial, lo que aumentará la prioridad del aseguramiento en el suministro de commodities estratégicos.
