Ante el cambio climático, la crisis hidríca y energética, la migración y megaproyectos extractivos, uno de lo ejes de la gestión del gobierno del Presidente Gabriel Boric es la preservación y el cuidado del medio ambiente. Para liderar todas las iniciativas en ese sentido, designó como Ministra de Medio Ambiente a la destacada climatóloga e investigadora, Maisa Rojas.
Rojas estudió Licenciatura en Ciencias con mención en Física en la Universidad de Chile y es doctora en Física de la Atmósfera de la Univesidad de Oxford, trayectoria que la avala como voz autorizada y reconocida internacionalmente en cambio climático. Sin embargo, ahora su campo de acción es mucho más amplio y tiene el desafío de establecer el primer “gobierno ecológico” para el país.
Tras viajar a Europa, donde se reunió con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, y ministros de medio ambiente de países de la OCDE, Rojas conversó con Diario Atacama donde habló de los planes a corto, mediano y largo plazo del ministerio.
“Queremos ser el primer Gobierno Ecológico para Chile, eso es lo primero que hay que decir”, dijo en la entrevista. “Esto lo lograremos a través de la protección de nuestra naturaleza, preparándonos para disminuir los efectos al cambio climático en Chile -que técnicamente lo llamamos adaptación– y lograr una transición ecológica justa. Es decir, donde los costos no los paguen los mismos de siempre, los más vulnerables, ni que los beneficios los obtengan los que siempre los tienen”, explicó.
“En esa línea, entre nuestras prioridades como Ministerio están el hacernos cargo de la falta de agua que afecta al país, con una mirada intersectorial”, agregó. “También tenemos el desafío de implementar la Ley Marco de Cambio Climático, que permite institucionalizar la lucha contra el cambio climático como una política de Estado, independiente de los gobiernos de turno, entregando facultades, responsabilidades y obligaciones”, añadió.
Sobre la protección de la biodiversidad, la ministra contó que se sacará adelante el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), una deuda pendiente de la reforma ambiental del 2010 y que está hace 11 años en el Congreso. “Será un servicio público enfocado en la protección de la naturaleza, orientado a resolver la dispersión institucional en las áreas protegidas; dedicado a enfrentar la gran crisis de pérdida de biodiversidad en todo el país y a mejorar el financiamiento del sistema”, describió.
EL FUTURO DE ATACAMA
En cuanto a la región de Atacama y los planes de descontaminación de Copiapó y Tierra Amarilla, zonas saturadas de material particulado respirable (MPIO), la ministra contó que se impulsará la transición ecológica justa directamente en los territorios, en todas las regiones del país.
Sobre el plan de descontaminación para Copiapó y Tierra Amarilla, explicó que existe un proceso reglamentado por el que deben pasar este tipo de normativas. “En enero de este año publicamos la resolución de inicio del plan y a partir de esa fecha existe el plazo de un año para la elaboración del anteproyecto. Este período es muy relevante, porque se recogen todos los antecedentes sobre las emisiones y se proponen qué medidas pueden aplicarse para reducir la contaminación”, dijo. Una vez que se tenga listo el anteproyecto, se da inicio al proceso de participación ciudadana.
“Luego de incorporar las observaciones que nos hagan las personas, desarrollamos el proyecto definitivo que será sometido a discusión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Una vez que tenga la firma del Presidente y la Contraloría tome razón, debería ser publicado y comenzar a regir”, añadió.
¿En este Gobierno se terminarán con las zonas de sacrificio como Huasco? ¿Qué pasará con Chañaral que históricamente ha sido golpeada por la contaminación?
Esa es una situación que no debería repetirse en Chile. Tenemos un deber moral como país de dar solución a las denominadas «zonas de sacrificio», aunque sabemos que hacerlo completamente tardará más de cuatro años. A eso apunta precisamente la Transición Ecológica Justa, que contempla acciones muy relevantes para delinear una hoja de ruta que nos permita tomar medidas concretas en estos cuatro años de gobierno que mejorarán la calidad de vida de las personas en los territorios afectados, pero proyectado hacia una solución definitiva de largo plazo.
AGUA SUBTERRÁNEA
Diversos actores en Atacama coincidieron que el «Agua subterránea» debe ser el gran tema en 2022 y que su gestión no ha estado a la altura de los desafíos que se vienen con la escasez hídrica. ¿Está de acuerdo?
La crisis hídrica es uno de los temas más urgentes que tenemos como sociedad. Es una causa muy sentida para la población y la están sufriendo en muchos territorios como consecuencia, principalmente, de tina megasequía que arrastramos por más de 12 años, uno de los efectos claros del cambio climático en Chile.
Sin embargo, los actuales niveles de escasez son acentuados por el modelo de gestión del agua vigente en el país, que establece un mercado del agua y en el que no existen las herramientas necesarias para que el Estado coordine, regule, fiscalice y planifique los distintos usos y usuarios. Es así que las decisiones que toma el Estado con respecto al agua involucran a más de 40 instituciones, solo ese dato te da una idea de que es un problema muy complejo de abordar.
Por eso es urgente avanzar hacia una transición que garantice que las personas y la naturaleza cuenten con agua. En ese sentido, estamos trabajando arduamente en los lineamientos que permitan desarrollar una Transición Hídrica Justa, es decir, un proceso gradual de adaptación de la gestión del agua desde el actual modelo fragmentado, de corto plazo, hacia uno sustentable e inclusivo. Este proceso se construirá en los territorios sobre la base de los derechos ratificados en Escazú.
Por eso quisiera destacar la reciente promulgación de la reforma al Código de Aguas, porque es un paso importante en la dirección correcta para los procesos de transformación institucional que tenemos por delante. Luego de 11 años de tramitación, contamos con un instrumento que nos habilita y entrega oportunidades para hacer un uso más sustentable del agua, reconociendo explícitamente el derecho humano al agua como una prioridad y se integra el cambio climático como un factor que amenaza y limita la disponibilidad de agua, y se protege la función ecosistémica del agua.
La Ley de Glaciares avanza en el Congreso y la Comisión de Hacienda del Senado definirá su futuro. Hay preocupación en gremios dado que se dice que pondría en peligro operaciones mineras. ¿Cuáles su postura?
Los glaciares son un recurso estratégico del país, una riqueza invaluable y todos los actores que tenemos algo que decir sobre ellos estamos llamados a encontrar la forma de reconocer jurídicamente esta realidad, para que coexista con otras actividades de importancia económica. Para ello, esperamos que en el Congreso sean consideradas todas las visiones, incluyendo por igual la industria, las comunidades y la voz científica. Lo que sí creo que todos compartimos es que en el escenario que vive el mundo y Chile en particular, proteger los glaciares y el entorno que lo componen es un imperativo.
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
La expresidenta del Tribunal Constitucional Marisol Peña dice que dar derechos a la naturaleza, como se propone en la redacción de la nueva Carta Magna, limitaría la actividad económica y derechos de las personas como el derecho al trabajo. ¿Cree que es así?
La Convención Constitucional está en pleno desarrollo, en un trabajo deliberativo que propondrá una nueva Constitución a todas y todos los chilenos. Sin duda que estamos muy atentos, porque aquello que quede escrito nos va a tocar implementarlo como Ministerio, pero, por el momento, solo podemos decir que valoramos que en esa instancia se plantee la necesidad de contar con una Constitución Ecológica.
Dicho eso, creo que debemos entender que existe una relación indisoluble entre el ser humano y la naturaleza y tal como expliqué anteriormente, tenemos que dejar atrás el paradigma de que el cuidado del medioambiente se contrapone con el desarrollo económico. Nuestra convicción apunta a que el desarrollo económico no es desarrollo sin el cuidado del medioambiente.
