La comisión iniciará este viernes la votación en particular del segundo informe, que presentará al pleno de la Convención Constituyente, el cual incluye artículos sobre el Estatuto Constitucional de la Minería. Este tendrá como base las iniciativas que fueron aprobadas en la etapa previa: de Dominio Público y dos de Nacionalización más una indicación. Si se llegan a aprobar y aplicar, es difícil visualizar que se mantenga la industria minera, como la conocemos hoy.
La industria minera en Chile vive un periodo de incertidumbre que no había experimentado en décadas respecto de su futuro. La comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional vota durante este viernes su segundo informe al pleno de los convencionales, el cual incluye artículos sobre el Estatuto Constitucional de la Minería, que de aprobarse en el Pleno (y luego con el Plebiscito de salida), sería parte de la nueva Carta Magna que regiría al país.
¿Por qué la alarma en el sector? Porque desconociendo el aporte al desarrollo del país que ha hecho el actual modelo mixto de industria -con actores públicos y privados, nacionales y extranjeros, que conforman la gran mediana y pequeña minería-, todas las propuestas aprobadas por esta comisión, y que constituirán la base para el reglamento, contemplan cambios tan radicales, que es difícil imaginar que la industria pueda seguir operando tal como la conocemos hoy.
El Estado toma el control
Si bien no se puede aventurar lo que diga el texto que se despache en unas horas, hay aspectos que sí ya están claros.
Como bien lo explicó en entrevista a este medio el abogado Daniel Weinstein (vea la entrevista), especialista con amplia experiencia internacional en minería: “La Comisión de Medio Ambiente ha aprobado distintas iniciativas sobre el tema, las cuales no son totalmente compatibles entre sí. Todas tienen en común el incremento de la participación del Estado y la precarización de los derechos de los particulares”. En su análisis, se centró en tres iniciativas:
- La 430-5, más que nacionalizar propone acabar con el régimen concesional actual, para pasar a uno en que se otorguen concesiones administrativas por un órgano estatal, de carácter temporal, en los términos y condiciones que una futura ley establezca. Asimismo, señala que la propiedad sobre las concesiones mineras se extinguirá, debiendo sus titulares adecuarse a este nuevo régimen. Por último, deja a una futura ley determinar las sustancias concesibles, pero quedando desde ya al litio afuera, por lo que solo podría ser explorado por el Estado.
- La 882-5 comparte bastantes similitudes con la iniciativa 430-5, en cuanto al proceso concesional, pero a diferencia de esta, contempla expresamente que la actividad minera debe ser realizada por el Estado, o por este en asociación con particulares, pero siempre manteniendo al menos el 51% de la compañía, es decir, el control.
- La 873-5, plantea no solo la nacionalización de la minería privada en su total, sino que además una disminución de la actividad minera a prácticamente el mínimo necesario para el país, con el objetivo de poder traspasar generacionalmente los minerales que se encuentran en el subsuelo. Esta iniciativa ve a la minería -a la que también denomina “extractivismo”- como algo intrínsecamente malo, y por lo tanto, es natural que quiera reducir la actividad minera.
A estas, se suma una indicación de la convencional Carolina Vilches -que también será considerada por los miembros de la comisión- y recoge parte del articulado propuesto por Ivanna Olivares en su iniciativa 270. Esta plantea la nacionalización de las empresas mineras, siguiendo el modelo de Bolivia.
Daniel Weinstein precisó que la aplicación de estas fórmulas traería graves perjuicios para Chile, entre ellos: el pago de indemnizaciones por miles de millones de dólares a compañías expropiadas, lo que dejaría al país totalmente desfinanciado para llevar a cabo la agenda social en los próximos años; y junto con ello, un golpe reputacional importante, pues haría que inversionistas de otras actividades económicas, como energía e infraestructura, desconfíen del país.
“Los efectos repercutirían en todos los chilenos -subrayó-, pues los índices de riesgo país se dispararían, por lo que a Chile le saldría más caro endeudarse, lo cual, unido a una menor inversión extranjera, traería aparejada un alza del dólar y un encarecimiento de los créditos; con efectos importantes en las familias chilenas, en especial aquellas de la clase media”, dijo en la entrevista.
Preocupación por el manejo técnico
Pero no son las únicos cuestionamientos al trabajo de la Comisión de Medio Ambiente. Representantes de diversos ámbitos vinculados a esta actividad, han señalado que en las propuestas aprobadas reflejan un desconocimiento del negocio minero y falta de rigor en los datos. De hecho, esto llevó a la geóloga Irene del Real –doctora en geología de la universidad de Cornell y ganadora del Premio For Women of Science 2020 de L’Oréal Chile junto a Unesco- a dar a conocer su postura crítica, cuando se aprobó en febrero la Iniciativa Popular de Norma (IPN) que promueve la nacionalizar las compañías mineras privadas.
“Leyendo esta propuesta es que me surgió la preocupación por el manejo técnico, y la desconexión entre lo que dicen los números y lo que se promete”, señaló en entrevista con MyF. Agregó que “proponer normas, sin considerar que los datos no acompañan, es voluntarismo”. (vea entrevista a Irene del Real)
Desde su perspectiva, como conocedora y preocupada por esta materia, en lugar de ser una discusión técnica sobre factibilidad y costos, “la nacionalización de la minería se ha ido convirtiendo en una consigna política, que define por defecto cuál es la preferencia política de uno, estando de acuerdo o no con la idea”.
Otro cuestionamiento en la misma línea, al trabajo de los constituyentes, es la receptividad que tuvieron frente a los aportes de expertos y conocedores de cómo funciona la industria.
Así lo hizo notar a este medio Alejandra Wood, directora ejecutiva de Cesco, entidad que tuvo la oportunidad de presentar su postura a los convencionales. “No creo que se haya tomado en cuenta la mirada experta y técnica. Y más importante aún, la mirada y el sentir de las regiones mineras”, afirmó. (vea entrevista a Alejandra Wood)
En su opinión, las exposiciones a la comisión no fueron relevantes para la discusión posterior. “Sentí que fue una instancia correcta, pero no determinante para las propuestas posteriores”, reconoció.
Representando al norte minero, Marko Razmilic, presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta, AIA, ha reconocido públicamente que hay inquietud por el debate en torno a la minería que surgido en la Convención Constituyente.
El 54% del cobre producido en Chile se extrae de la Región de Antofagasta y la actividad minera constituye en torno a un 55% de su PIB. “La Asociación de Industriales de Antofagasta agrupa actualmente a más de 280 empresas, entre compañías mineras y empresas proveedoras; el 90% corresponde a grandes, medianas y pequeñas firmas industriales y de servicios especializados”, precisó en una reciente entrevista con El Periodista.
“Estamos vigilantes ante los efectos de esta y otras iniciativas -aseguró el representante nortino-. El sentido común dice que es un tema muy sensible y, por lo mismo, desde nuestra región, que vive de la minería, hacemos un llamado a la prudencia, a considerar la información técnica y experta, y escuchar a todos, especialmente a los que podemos vernos más afectados”, aseveró.
Menor producción de cobre e ingresos para el Estado
Como conocedor –por experiencia personal y profesional- del proceso de Nacionalización del cobre que vivió Chile en 1971, Sergio Jarpa, presidente de la asociación Voces Mineras, también manifestó serios reparos a las iniciativas, centrándose en los prejuicios que acarrearían para la industria y al país. Recordó que sin certeza jurídica, ni estabilidad en las reglas del juego, no habría inversión privada, y esto provocaría que “en el mediano y largo plazo, sin nuevos recursos para exploración y desarrollo de proyectos -porque el Estado no los tiene, ni siquiera para la actual Codelco-, la producción chilena de cobre, hoy día mayoritariamente basada en las empresas privadas, decaería irremediablemente”. Esto traería aparejado una irreversible reducción en la recaudación fiscal. (vea entrevista a Sergio Jarpa)
El académico José Joaquín Jara, del Departamento de Ingeniería de Minería UC y director de Cesco, expresó también a MyF, que los cambios propuestos a nivel constitucional por la comisión, no se hacen cargo de las oportunidades de mejora al sistema de derechos mineros, “y sí podrían tener un impacto significativo en la seguridad jurídica -advirtió- entregada por el país para el sector, impactando fuertemente la inversión recibida en el corto, mediano y largo plazo”. Hizo hincapié en que estos puntos son tremendamente relevantes para una actividad como la minería, que requiere invertir grandes recursos en exploración, actividad que presenta altísimo riesgo y muy baja probabilidad de éxito.
Y que, además, “logra ganancias invirtiendo enormes sumas de dinero durante muchos años -usualmente varias décadas-, y con retornos no tan altos como piensa la mayoría de la población”, puntualizó.
Lógica ideológica de los ‘60
Las críticas de expertos y conocedores del sector minero a lo propuestas que se votan, no tienen color político. Para Eduardo Bitran, economista, destacada figura pública y actualmente académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, la posición de la Comisión de Medio Ambiente de estatizar, es volver a la lógica ideológica de los años ‘60.
“Tengo la confianza de que esas propuestas, que generarían mucho daño a Chile, no van a ser aprobadas en el pleno. Eso no obsta poner en la Constitución los temas de cuidado del medioambiente, principios precautorios, entre otros. Las constituciones modernas lo tienen, pero no vayamos a posiciones extremas. Uno no puede hacer una Constitución para un grupo de la sociedad, cuando esto debe ser la casa de todos”, concluyó. (vea entrevista a Eduardo Bitran)
