Las cuatro asociaciones industriales que conforman la Macrozona Norte: AII (Tarapacá), AIA (Antofagasta), Corproa (Atacama) y Cidere (Coquimbo), emitieron un comunicado conjunto en el cual critican duramente la normativa aprobada por la Comisión de Medio Ambiente -de la Convención Constitucional-, el pasado sábado 9 de abril. Tras darse un tiempo para estudiarlo, han llegado a la conclusión de que el Estatuto Constitucional sobre Minerales, es “un texto ‘confuso y contradictorio’, que genera más dudas que las necesarias certezas que requiere la industria, para desarrollarse sustentablemente en nuestros territorios”.
Asimismo, consideran que en el documento “se modificó la redacción de las iniciativas ya aprobadas en general, para dejar fuera conceptos que no estaban logrando el consenso necesario en el Pleno de la Convención, y que resultaban controvertidos ante la ciudadanía, como la nacionalización o la extinción de la propiedad de las concesiones mineras actuales”. Pero, al mismo tiempo, alertan que se introdujeron “conceptos ambiguos, que sin decirlo derechamente, permitirán importantes grados de control de la administración de turno, sobre los fundamentos de la actividad, erosionando gravemente la certeza jurídica que requiere la minería”.
LA VOZ DE SUS DIRIGENTES
Marko Razmilic, presidente de la AIA, comenta en el declaración, que si bien a primera vista parece una propuesta más moderada que las anteriores, al revisarla en profundidad “vemos con preocupación que se sustituyeron las palabras ‘concesiones mineras’ por ‘autorizaciones administrativas’, las que serán otorgadas por un órgano estatal, por un tiempo determinado, excluyendo que exista derecho de propiedad sobre ese permiso para operar”.
Concordando con esta inquietud, el presidente de la AII, Leopoldo Bailac, hace un llamado al Pleno para que “no permitan que se debilite el régimen jurídico minero, ya que terminará paralizando la inversión”. Añade, además, que este estatuto ataca al corazón de la actividad minera y sus encadenamientos productivos en las regiones del norte de Chile. Y que no solo “desconoce las particularidades de nuestra realidad histórica y productiva”, asevera, sino que tampoco aprovecha la valiosa oportunidad de incentivar el desarrollo de una industria minera sustentable, transparente, inclusiva y cuidadosa del medio ambiente.
El presidente de Corproa, Daniel Llorente, añade en el texto, que “la propuesta votada por la Comisión de Medio Ambiente cambia la temporalidad de las concesiones. La minería trabaja a largo plazo, son proyectos complejos, que se desarrollan en 30 – 40 años, por lo que necesitan de certeza jurídica para invertir y operar. Lo propuesto va, justamente, en sentido contrario”.
En tanto, Francisco Puga, presidente de Cidere, hace hincapié en que “el 82% del cobre chileno se produce en nuestros territorios. De los US$68.925 millones en inversiones mineras que ha proyectado Cochilco hacia 2030, un 29% se realizará en Antofagasta, un 26% en Atacama, un 15% en Tarapacá y un 10% en Coquimbo. Es decir, el 80% de las inversiones que representamos como macrozona quedan en un punto de suspensión”. Y agrega que ya durante el primer trimestre de este año el monto total de iniciativas sometidas a tramitación ambiental (SEA) descendió un 16% frente a igual periodo del ejercicio anterior.
Los cuatro representantes de los gremios industriales de la Macrozona Norte concluyen que se están cimentando las bases de “un régimen jurídico minero débil y precario, que terminará dándole un certero tiro de gracia al actual régimen de concesiones y a la industria minera chilena”. Por lo mismo, sostienen que seguirán de cerca los avances en el estatuto constitucional de la minería.
Las cuatro entidades: AII, AIA, Corproa y Cidere, agrupan a más de 600 asociados de empresas grandes, medianas y pequeñas, de rubros como servicios, energías limpias, transportes, puertos, turismo, alimentación, entre otros, vinculados por un factor común: la minería.
“Esperábamos una nueva Constitución descentralizadora, que facilitaría una distribución más equitativa de las oportunidades; pero vemos con desilusión que podría terminar no solo estancando el crecimiento del país, sino aumentando el nivel de desigualdad y pobreza”, finaliza el documento emitido por las asociaciones industriales de la Macrozona Norte.
