Cincuenta y cinco páginas tiene la propuesta de normas transitorias elaborada por la Segpres —en coordinación con el Ministerio del Interior, Hacienda y Dirección de Presupuestos—, la que ayer comenzó a ser difundida entre los miembros de la Convención mientras iniciaban su gira por Antofagasta.
El informe detalla, comisión por comisión, cuáles normas aprobadas necesitan una disposición transitoria para que el paso de la actual normativa a la que propone la nueva carta, sea gradual.
En primer lugar, se lee, «el Ejecutivo recomienda» la creación de una «Comisión para la Implementación de la Nueva Constitución», que «identifique las propuestas de legislación, adecuación normativa y políticas públicas que deberán desarrollar en los próximos años el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial». Para este espacio, proponen, se debería fijar un plazo de trabajo.
Sistema Político
El informe sugiere que las autoridades en ejercicio se rijan por las normas vigentes al momento de ser designados, y que sigan en sus funciones por el plazo por el que fueron nombrados.
Incluso para la entrada en vigencia total de la Cámara de las Regiones, y entendiendo que en 2021 senadores fueron electos por ocho años, propusieron dos fórmulas. La primera, que los actuales senadores terminen el ciclo político actual en 2026 para dar paso a la elección de todos sus miembros. La segunda: una vigencia parcial en la que se elegirán los escaños correspondientes a las circunscripciones que elegirían senadores en 2025, y se mantienen los mandatos de los electos en 2021 hasta la votación siguiente de la Cámara de las Regiones, en 2028, en la que terminarían de elegirse todos los escaños.
También plantean que entre en vigencia en la elección de 2025 el voto para personas de 16 y 17 años, fecha en la que creen que ya debería existir regulación para los escaños reservados de Pueblos Originarios. Asimismo, reiteran la voluntad del Presidente Gabriel Boric de no tener reelección inmediata.
Al contrario de los tiempos planteados anteriormente, la Segpres cree que la aplicación de nuevos quórum no debe ser gradual y «se sugiere que la nueva norma constitucional produzca efectos desde su publicación (regirían in actum)». Esto porque de mantenerse las reglas de aprobación actual, requeriría que todas las modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional sean aprobadas por 4/7 partes de las y los parlamentarios en ejercicio.
Sobre las Asambleas Regionales, se sugiere llamar a la primera elección de sus miembros en 2024.
Consulta Indígena
En un apartado de la propuesta, plantean que toma tiempo y gasto fiscal desarrollar procesos de consulta indígena. Por eso recomiendan fijar una norma para que los procesos de consultas se organicen por temas y que agrupen ciertas materias propuestas por la nueva Constitución que requieran modificaciones normativas o medidas administrativas.
Sobre plebiscitos regionales, el informe asegura que debe aplicarse con gradualidad y detalla el gasto que significará, como ejemplo, el plebiscito de salida, donde solo el Servel tiene un gasto de $35.388.769.000. No obstante, la propuesta contempla que la iniciativa popular de ley y la derogación popular de ley pueden regir inmediatamente, regulándose con las normas establecidas en la misma Constitución.
Para otras de las materias que aborda la nueva Constitución, la Segpres sugiere esperar la tramitación de la ley para su aplicación. Es el caso de normas como la creación de nuevos medios de comunicación públicos, las autonomías territoriales indígenas, la creación de territorios especiales, pluralismo jurídico, derecho a la restitución de tierras, los nuevos tribunales y también nuevos órganos como el Consejo de la Justicia y la Defensoría de los Pueblos.
Son varias las normas que la Segpres identifica que necesitan transitoriedad. Sobre la expropiación, sugieren que se mantenga en vigencia la ley existente mientras no se dicte una nueva. «La recomendación tiene por objeto mantener la regulación legal sobre el concepto de ‘justo precio’, lo que contribuye a dar certeza a propietarios que la legislación actual seguirá vigente, compensando a valor mercado por el bien expropiado», dice el documento.
En salud proponen «establecer una norma transitoria para la implementación del Sistema Nacional de Salud (‘SNS’), ordenando a la ley la regulación de la integración del sistema».
En cuanto a los derechos del agua aseguran que es conveniente mantener la vigencia de la normativa actual mientras no se establezca el nuevo régimen de autorizaciones de uso de aguas, porque la falta de certeza respecto a si los titulares de derechos de aprovechamiento podrán continuar usando agua «podría afectar seriamente a la economía».
