Una de las preocupaciones del sector sobre la propuesta de Nueva Constitución es el modelo de gobernanza que plantea sobre los recursos naturales, la protección de la naturaleza y la relación entre los pueblos originarios y el Estado. Lo que preocupa, en específico, es el artículo 146 que dice que “quedan excluidos de toda actividad minera los glaciares, las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley y las demás que ella declare”.
El informe sobre las normas transitorias que envió la Segpres a la Convención en mayo, se recomendaba mantener vigente la normativa hasta que se dicten las nuevas leyes. Y en junio, el pleno rechazó la norma que establecía la aplicación inmediata de la prohibición de realizar minería en las zonas de exclusión.
“Habría sido útil la consideración en alguna disposición transitoria aplicable a la actividad minera que se ejecuta en áreas cercanas a glaciares, en el período entre la eventual aprobación de la propuesta constitucional y el desarrollo legal para hacer ejecutable el artículo 146, para reducir la incertidumbre”, opinó Paulina Riquelme, abogada especializada en derecho ambiental, a El Mercurio.
En septiembre de 2020, la Comisión Chilena del Cobre elaboró una estimación de lo que ocurriría con una norma de este tipo. En el estudio identificaron 64 activos mineros cercanos a cuerpos de hielo o glaciares a no más de 10 kilómetros de distancia que podrían cerrar. Entre ellos se cuentan cinco grandes faenas (Los Bronces, Andina, El Teniente, Caserones y Los Pelambres), cuatro faenas medianas, 15 pequeñas, 27 prospectos y 10 proyectos, entre otros.
El informe señala que la producción afectada en caso de paralización sería de 1.387 kilotoneladas (kt) de cobre fino para 2023 y hacia 2031 llegaría a 1.809 kt. Esa última cifra es mayor a toda la producción de Codelco en 2020 (1.727 kt).
Transición
La propuesta constitucional contiene una única disposición transitoria relacionada a la minería, que dice que Codelco “continuará ejerciendo los derechos que adquirió el Estado sobre la minería del cobre en virtud de la nacionalización (…)”. Sergio Hernández, abogado y director ejecutivo de Aprimin, hace notar que la disposición no menciona las otras pertenencias mineras que tiene Codelco. “Quedan en el aire, al igual que toda la minería privada”, opinó para El Mercurio.
“No será posible que las pertenencias constituidas hasta ahora en la vigencia de la actual Constitución puedan ser tocadas, porque se constituyeron bajo un régimen jurídico de concesión plena con derecho de propiedad que se mantiene mientras se paguen las patentes mineras. Eso, a mi juicio, no puede cambiar porque el derecho de propiedad se adquiere para siempre y cambiar las normas ahora solo pueden regir para el futuro”, aseguró.
