“Estoy de acuerdo con que la industria minera puede y debe contribuir más a los ingresos del Estado, para financiar el gasto público que está demandando la sociedad chilena, para mejorar la calidad de vida de las personas”, es lo primero que deja en claro José Joaquín Jara, académico del Departamento Ingeniería de Minería UC y director de Cesco.
Sin embargo, añade que a su juicio y el de otros expertos, la propuesta de royalty minero del Gobierno tiene elementos que son complejos, tanto desde el punto de vista técnico, como de sus objetivos. Por ello, considera que de aprobarse sin modificaciones -a lo cual ya se habría abierto el ministro Mario Marcel-, podría impactar en el mediano plazo las inversiones del sector, repercutiendo en la producción, el empleo, y finalmente generando “una menor contribución de la industria minera al desarrollo sustentable del país”.
- ¿Cuáles son las inquietudes que te genera, en un primer análisis, la propuesta de royalty de Hacienda?
Desde el punto de vista técnico hay varios elementos que hacen complicada la propuesta. Por ejemplo, la inclusión de una componente a las ventas de las compañías mineras, o ad valorem. Y un segundo elemento, que se refiere a la definición de las tasas al margen operacional, fijadas en base a los precios (del cobre), y no sobre la rentabilidad de las operaciones.
Ambos elementos no reconocerían la heterogeneidad de la industria. Por lo tanto, lo que puede ocurrir es que pongan en riesgo el desarrollo de proyectos más marginales, e incluso de las operaciones que hoy día tienen menor rentabilidad.
El segundo aspecto complejo, tiene que ver con la captura de rentas que se ha propuesto como objetivo el Ministerio de Hacienda. Ese valor (dos tercios) es muy elevado, y nos dejaría posiblemente fuera de competencia frente al resto de los países de la industria del cobre.
Así, lo que estamos viendo es que posiblemente esta propuesta impacte las inversiones en el mediano plazo; lo que derivaría en una caída en la producción y el empleo y, posiblemente, una menor contribución de la industria minera al desarrollo sustentable del país.
- ¿Qué operaciones y proyectos podrían verse eventualmente afectados?
Hasta el momento no hay nadie que haya hecho un análisis operación por operación o de cada proyecto. Sin embargo, lo que tenemos es la información en base a los costos de las operaciones en los últimos años. En esa perspectiva hay faenas que tienen costos C1, es decir operacionales, mayores a 200 – 250 centavos de dólar por libra, y que estarían en riesgo. Entre ellas, por ejemplo, Óxidos de Centinela, Antucoya, Lomas Bayas, El Soldado… Y algunas otras menores, como Michilla.
En cuanto a los proyectos, diría que la gran mayoría son bastante marginales; me imagino que las expansiones de Distrito Centinela, de Antofagasta Minerals; sulfuros primarios de Cerro Colorado, y posiblemente de Zaldívar, todos ellos estarían en riesgo.
- ¿Qué opinas de que se haga una diferencia en el componente ad valorem para las compañías que producen más de 200.000 tm de cobre anuales?
Es otro de los elementos técnicos que es complejo dentro de la propuesta, porque es un límite arbitrario. Sin conocer la intención de Hacienda, posiblemente busca capturar mayores rentas de los cuatro o cinco productores más grandes. Pero eso puede generar problemas desde el punto de vista de los incentivos y castigos a la operación, y llevar a optimizaciones que son ineficientes desde el punto de vista del país. Por ejemplo, una compañía que puede producir 205.000 tcf al año, prefiera producir 198.000 tcf, para no caer en el límite superior.
Además, castiga a los que más han confiado en el país; a los que más han invertido, generado más empleo, y han hecho un mayor aporte en impuestos al país.
- Con respecto a la renta que espera capturar el Estado ¿En qué situación quedaríamos frente a nuestros principales competidores?
Primero, aclarar que el objetivo de Hacienda es capturar 2/3 de la renta minera. Sin embargo, cuando se hacen las comparaciones internacionales, generalmente lo que se analiza es la tasa efectiva de impuestos pagados por las empresas.
Desde esa perspectiva, las tasas efectivas de impuestos pagadas por las compañías mineras en los últimos diez años en Chile rondan el 35% a 40%. Obviamente eso depende de las condiciones particulares de cada faena, pero más o menos estamos alrededor del 40%. Nuestros principales competidores, como Perú por ejemplo, tiene tasas en torno al 40 – 45% incluso llegando al 50%; Australia tiene el 50%. Con la propuesta del Gobierno, la tasa efectiva en Chile llegaría a un rango entre 55% y 60%, posiblemente más cercano a este último valor; es decir, diez puntos porcentuales por arriba de nuestros principales competidores.
