Por Constanza De la Riva, Regional Tax Manager LATAM-AP en Barrick Gold,
¿Cuántas veces hemos escuchado que Chile es un país minero; que el cobre es el sueldo de Chile, que la minería es la base de nuestra economía? Infinitas. Y sin embargo, los chilenos sabemos tan poco de esta actividad que tanto ha hecho por nuestro país en los últimos 50 años.
Las cifras hablan por sí solas: siendo Chile el país con más reservas y producción de cobre del mundo, todavía tenemos espacio para crecer en exploración, explotación y exportación -de este y otros minerales-, si logramos atraer inversión en nuevos proyectos.
Según información recopilada por el Consejo Minero de Chile a diciembre de 2022, sus empresas socias tienen aproximadamente U$33.000 millones en inversiones en etapa de evaluación. Y según datos Cochilco, la mediana minería tiene otros proyectos por aproximadamente U$3.000 millones para desarrollar entre 2022 y 2031. ¡Impresionante!
¿Y eso cómo nos favorece?
Los que trabajamos en minería sabemos lo que significa inversión minera de largo plazo: multiplicación del empleo, oportunidades de desarrollo para las regiones y pequeños proveedores, importantes impuestos para el país (aprox U$6.300 millones en 2021), nuevas tecnologías. Sin embargo, nuestras autoridades parecen no comprender que, para asegurar esa posible inversión y continuar creciendo, necesitamos políticas públicas adecuadas, reglas claras y certeza jurídica.
«¿Queremos liderar la acelerada demanda mundial de minerales, o bien quedarnos atrás con una minería agotada de lidiar con interminables cambios legales y políticos, altos costos y yacimientos viejos con bajas leyes?»
¿Por qué? Porque el capital no es infinito y las empresas mineras que lo poseen, toman decisiones de inversión con disciplina y responsabilidad. Esto significa que, en un determinado momento, hay diversos proyectos mineros, en distintas partes del mundo, siendo evaluados y compitiendo por ese capital. Los equipos que llevan adelante esas evaluaciones, y apuestan por un proyecto minero, presentan un caso de negocios a quienes toman las decisiones de inversión. Luego de gastar millones de dólares en exploración y estudios para definir el plan de desarrollo, se realiza una evaluación económica que determina la rentabilidad de la inversión, y es ahí en donde factores tales como la carga impositiva, el costo de financiamiento y el riesgo país toman relevancia.
Si usted tuviera capital para invertir en un negocio ¿aprobaría confiar sus fondos a una empresa que no tiene estatutos claros, costos definidos ni rentabilidad mínima esperada?
El gobierno debe decidir rápidamente su posición en relación con la industria minera: ¿Queremos liderar la acelerada demanda mundial de minerales, o bien quedarnos atrás con una minería agotada de lidiar con interminables cambios legales y políticos, altos costos y yacimientos viejos con bajas leyes, debido a la falta de exploración e inversiones en nuevos proyectos?
El futuro está en la exploración minera y tenemos que estar a la altura: con autoridades que conozcan la industria y los negocios, con definiciones en temas relevantes, como la carga tributaria con la que vamos a competir con otros países mineros, y con un Estado de Derecho que garantice reglas claras y estables. Sólo así volveremos a ser considerados un país serio para invertir, capaz de competir con jurisdicciones como Canadá y Australia, que ya tienen sólidas bases para impulsar la exploración e inversión minera, o como Perú y Ecuador, que están consistentemente mejorando sus políticas públicas con miras a un mayor desarrollo minero.
Es importante que no nos durmamos en los laureles y demos pronto señales concretas.
