Por Juan Ignacio Guzmán, gerente general de consultora GEM.
El proyecto de royalty minero ha sido una de las discusiones más relevantes en el ámbito político y económico en Chile en los últimos meses, particularmente luego del rechazo al proyecto de Reforma Tributaria. La propuesta inicial presentada en 2022 generó alta controversia, por lo que ha sido sometida a una serie de modificaciones y ajustes para llegar a una versión más consensuada.
El Ministerio de Hacienda presentó esta semana nuevas indicaciones al proyecto, con el objetivo de limitar la carga tributaria potencial máxima al 50% sobre la renta operacional para las grandes empresas mineras. Las nuevas indicaciones parecen ser un intento por mitigar los efectos más perjudiciales del proyecto original (considerando las indicaciones previas), pero aún no convencen. Según algunas estimaciones de consultora GEM, la mayor carga tributaria impactaría negativamente en la inversión, el empleo y en el encadenamiento productivo de la industria con el resto de la economía local, al punto de que la mayor recaudación fiscal esperada, no compensaría estos impactos.
«Mientras en 2004 Chile llegó a producir el 37% y el 30% mundial de cobre y litio, respectivamente, en 2022 nuestra participación mundial para estos commodities cayó a 23% y 20%, respectivamente. Si hubiésemos mantenido nuestra participación de mercado de 2004, los mayores ingresos que el Fisco hubiese percibido en 2022 habrían superado los US$15.000 millones. Es decir: ¡Más de 10 veces la expectativa de recaudación del royalty minero en discusión!
El límite al 50% sobre la renta operacional busca no perjudicar demasiado la competitividad del país, cuya industria minera actualmente posee una carga tributaria más cercana al 40%. La competitividad, sin embargo, depende de muchos otros factores que tienden a olvidarse cuando simplemente se compara la carga tributaria entre países. La calidad del recurso, el costo de la fuerza laboral, el precio de la energía o el agua, son algunos de los elementos que explican la competitividad de un país en la producción de sus minerales. Si comparamos estos factores en Chile con los países mineros con los que competimos nos daremos cuenta de que estamos en desventaja, incluso manteniendo una carga tributaria competitiva a nivel mundial.
La competitividad de la minería del cobre y del litio en Chile ha ido en permanente disminución en las últimas décadas. Así, por ejemplo, mientras en 2004 Chile llegó a producir el 37% y el 30% mundial de ambos minerales, respectivamente, en 2022 nuestra participación mundial para estos commodities cayó a 23% y 20%, en cada caso. Si hubiésemos mantenido nuestra participación de mercado de 2004, los mayores ingresos que el Fisco hubiese percibido en 2022 habrían superado los US$15.000 millones. Es decir: ¡Más de 10 veces la expectativa de recaudación del royalty minero en discusión!
Está claro entonces que si queremos aumentar la contribución de la industria minera al país debemos legislar a favor de aumentar la competitividad de la industria minera, y no de disminuirla -como hace este proyecto de royalty-, para que recuperemos la posición de liderazgo que ya perdimos a nivel internacional.
Mayor competitividad implica incrementar la producción de minerales; más producción conlleva no sólo una más elevada recaudación fiscal, sino que a más y mejor empleo, mayor encadenamiento productivo con las restantes industrias de la economía y una mayor contribución al desarrollo de las comunidades locales donde se realiza la minería, que tanto se necesita.
