La abogada Maria Paz Pulgar, experta en minería y Counsel en el estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria, ha sido firme promotora de la postergación de las nuevas tarifas de patentes mineras y del cambio de coordenadas de las concesiones, entre otras modificaciones al Código de Minería que debían entrar en vigencia este año.
Finalmente, este martes la Sala del Senado remitió a la Cámara Baja el proyecto que pospone por un año -hasta el primero de enero de 2024- los efectos de la ley 21.420 sobre exenciones tributarias, que afectarían al sector minero
Conversamos con la abogada para conocer la importancia de esta decisión y los riesgos que representaban los cambios introducidos. También, le consultamos su visión por el otro gran tema del día: el rechazo por parte del Comité de Ministros al Proyecto Dominga.
– ¿Qué impactos veías para el sector minero, si se aplicaban este año los cambios dispuestos en la ley sobre exenciones tributarias referentes a esta actividad?
En primer lugar, respecto de las patentes mineras, el cambio era demasiado brusco, multiplicándose los costos actuales por cuatro ¡En solo un año! Podrán imaginar los enormes efectos que esto tendría para una compañía minera pequeña o mediana.
Pero no sólo eso. El nuevo sistema de patentes establece rebajas para los proyectos en operación o en evaluación ambiental, pero hasta el día de hoy no existe el sistema que permita a los concesionarios acreditar esta circunstancia a la autoridad. Por lo tanto, ninguna compañía podría acogerse al régimen rebajado.
El segundo tema grave era el cambio del sistema de coordenadas. Esta modificación aún no está en condiciones de implementarse desde una perspectiva técnica, ya que involucra enormes desafíos tecnológicos.
Finalmente, hay varios otros temas requieren ser corregidos antes de ser implementados.
Las modificaciones introducidas al Código de Minería el año pasado se realizaron en el contexto de financiar la reforma de pensiones. Sin embargo, no fueron compartidas con la industria, ni se revisaron con la profundidad y prolijidad necesarias.
Solo como ejemplo, se establece que en caso de no inscribirse el cambio de coordenadas dentro de un plazo establecido, se declarará la caducidad de la concesión. Esta norma tiene un problema de constitucionalidad importante.
– ¿Son mejorables estos cambios? ¿Cuáles son las correcciones que a tu juicio se necesitan?
Se están tramitando dos leyes en este momento. La que se acaba de aprobar únicamente posterga la entrada en vigencia de las modificaciones introducidas al Código de Minería. El segundo proyecto de ley establece cambios a esas modificaciones.
Por lo tanto, ahora empieza la discusión sobre los cambios que deben implementarse.
El proyecto de ley recoge varios de los temas que necesitan ser corregidos, como la duración de las concesiones de exploración o el procedimiento de transformación de las coordenadas, pero todavía falta afinar otros
Respecto de la transformación de las coordenadas, persisten más dudas que certezas: ¿Qué pasará si como consecuencia de la conversión se producen superposiciones? ¿O si una concesión de un tercero queda desplazada de su ubicación original?
La regulación sobre la entrega de información geológica también está aún al debe. Es información sensible y muy valiosa de propiedad de las compañías, y debe ser entregada cuando éstas terminan sus operaciones o ser tratada como confidencial.
RECHAZO A DOMINGA
– En otro tema de la coyuntura ¿A tu juicio, qué señal entrega el rechazo al Proyecto Dominga por parte del Comité de Ministros?
Estamos viviendo un serio problema de institucionalidad. No es relevante si un proyecto cumple con la normativa ambiental aplicable. Finalmente, es una decisión política, desvinculada de los aspectos técnicos.
El problema es que esa decisión política se toma después de muchos años de desarrollo y de inversiones millonarias.
La señal es pésima para los proyectos actualmente en desarrollo o para eventuales inversionistas futuros. No hay ninguna certeza porque las reglas no se cumplen.
Cada una de estas decisiones perjudica un poco más la imagen del país. La autoridad sigue creyendo que tenemos asegurado continuar atrayendo inversiones. Pero ese capital no es infinito y debemos cuidarlo.
