Como “el mejor resultado posible, considerando las circunstancias”, califica la abogada María Paz Pulgar, académica de las facultades de Derecho de la Universidad de Chile y de la Pontificia Universidad Católica, el Estatuto Constitucional de los Minerales aprobado en su versión definitiva este sábado, por el Pleno de la Convención Constitucional.
Porque puntualiza que si bien el sistema normativo que regiría al sector quedó debilitado, en comparación con las garantías que ofrece el actual; el rechazo del Pleno a la propuesta de cambiar el régimen vigente de concesiones mineras, a uno de títulos o permisos administrativos, despejó otra de los grandes inquietudes que tenía el sector; tras ser descartada en instancias previas la nacionalización.
En cuanto a la decisión de la comisión de Medioambiente -también acordada la semana pasada- de reponer estas iniciativas en las normas transitorias, la counsel del Área de Recursos Naturales del estudio jurídico Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria, afirma que este tipo de acciones genera “tensión y ruido al interior de la Convención y desprestigio hacia afuera, ya que ensucia el proceso”.
– Este sábado el Pleno de la Convención votó el articulado del Estatuto Constitucional de los Minerales ¿Cuál es tu impresión del texto final?
Considero que el Estatuto Constitucional de los Minerales aprobado fue el mejor resultado posible, considerando las circunstancias. No estaba dentro de las posibilidades realistas que se mantuviera el sistema tal como está hoy; pero la Convención entendió lo importante que era mantener el régimen de concesiones, y los graves efectos que tendría reemplazarlo por autorizaciones o títulos administrativos débiles.
Ahora bien, igual quedó debilitado el sistema, ya que dejaría de tener la consagración a nivel constitucional que tenía bajo la anterior Constitución. Habrá que ver los efectos que tendrán estos cambios en la práctica (de aprobarse en el plebiscito de salida), por ejemplo, respecto de temas como las sustancias concesibles e inconcesibles, la relación con los predios superficiales, el régimen de amparo, causales de terminación y otros que estaban expresamente tratados en la actual Constitución.
Preocupa, además, que una ley simple pueda establecer áreas donde la minería esté prohibida, ya que eso abre una puerta sin límites. Habrá que ver cómo se abordarán estos temas, si finalmente nos enfrentemos a ellos.
Pero por el momento, me parece que el texto, tal como quedó redactado, es una buena noticia para la industria. Así esta puede preocuparse de lo que sabe hacer: generar riqueza y empleos para Chile.
– Sin embargo, la nacionalización y el cambio de las concesiones han vuelto a plantearse por la comisión de Medio Ambiente en la normas transitorias ¿Qué te merece esta medida?
Parece poco serio volver a insistir con propuestas que ya fueron rechazadas por el Pleno. Esta forma “creativa” de volver a instalar temas ya zanjados, para volver a ser revisados, no es exclusivo de la Comisión de Medio Ambiente; la estrategia ha sido utilizada por otras comisiones. Esto ha generado tensión y ruido al interior de la Convención y desprestigio hacia afuera, ya que ensucia el proceso.
– ¿Es viable este doble camino: que algo ya había sido descartado, vuelva a presentarse?
Se ve poco viable que normas que ya fueron discutidas y descartadas por el Pleno, al ser presentadas nuevamente por otra vía, tengan un destino diferente. A diferencia de la Comisión de Medio Ambiente -que sistemáticamente buscó debilitar la minería-, el Pleno no ha mostrado el mismo nivel de inquina, sino que ha sido considerablemente más moderado en su acercamiento a la industria. No vemos que esto vaya a ser distinto, frente a una nueva propuesta de expropiación presentada vía norma transitoria.
-¿Qué análisis haces del impacto que podría tener si se aprobarán algunas de estas normas?
Creo que a estas alturas no vale la pena analizar los efectos de una eventual nacionalización o expropiación, los cuales francamente serían catastróficos. Se ha tratado de vender estas alternativas como la forma de financiar los derechos sociales que se establecen en la nueva Constitución, y eso no tiene ningún sentido. Las compensaciones que debería pagar el Estado de Chile por una eventual nacionalización o expropiación serían de tal magnitud, que esta acción no solamente no generaría recursos para los derechos sociales, sino que muy por el contrario, desviaría fondos para pagar esas compensaciones.
Si los convencionales creen que la nacionalización o expropiación de la minería sería gratis, están profundamente equivocados. Se generaría una enorme cantidad de juicios, tanto en Chile como a nivel internacional, provocando además un daño irreparable a la imagen del país frente a los potenciales inversionistas. Sería un pésimo negocio por donde se mire.
