«Estamos todos de acuerdo que el aporte de la minería es clave para financiar las legitimas demandas sociales de los chilenos. Pero pensemos en el largo plazo, y preguntémonos si una política que desincentiva la exploración minera -y por ende la entrada de nuevas minas a producción-, es el mejor camino para obtener recursos de forma sustentable, no solo en los próximos años, sino en las próximas décadas», advierte en esta columna el abogado Daniel Weinstein, experto en minería.
Como en sus anteriores colaboraciones con MyF, Daniel nos entrega un claro y reflexivo análisis del impacto de medidas que si bien apuntan a objetivos loables, pueden generar consecuencias negativas bajo una perspectiva más amplia. Les invitamos a leer su columna sobre la propuesta de Royalty contenida en la Reforma Tributaria, que anunció hace una semana el gobierno:
Desarrollo de la Industria Minera y Royalty
Por Daniel Weinstein
Recientemente conocimos los lineamientos generales que el ejecutivo pretende introducir al proyecto de ley que establece un Royalty a la minería del cobre, el cual se compone de dos elementos, que consideran el precio del metal: (1) la aplicación de un impuesto ad valorem (aplicado como porcentaje de las ventas), que varía entre el 1% y el 4%, y (2) un impuesto sobre la rentabilidad operacional, que va desde un 2% a un 32%.
De la misma presentación que hizo el Ministerio de Hacienda, queda claro que, para determinar esta fórmula, se tuvo en mente solamente los impactos que causaría sobre los yacimientos mineros actualmente en operación. Aquello constituye un error, pues el ciclo minero comienza mucho antes. En efecto, es necesario realizar primero la etapa de exploración, la cual es bastante menos vistosa que la operación, pero no por eso menos importante.
La exploración minera debe ser una de las actividades económicas más riesgosas, sino la más. La posibilidad de encontrar y poder desarrollar un yacimiento de cobre económicamente viable son de 1 en 1.000. Cada uno de este millar intentos implica la inversión de millones de dólares y mucho esfuerzo, siendo 999 de ellos infructuosos. ¿Estarían dispuestos a invertir en una actividad así de riesgosa? La gran mayoría de las personas diría que no lo están. Y ese pequeño porcentaje que estaría dispuesto a correr el riesgo lo haría bajo la promesa que, en caso de tener éxito, la recompensa será adecuada para el riesgo. Sin embargo, es habitual que, al momento de aplicar cargas o impuestos sobre la actividad minera, los reguladores se olviden de esta etapa, y por ello pueden aplicar medidas que la desincentivan.
El referido impuesto ad valorem se aplicará sobre las ventas, antes que se determine si hubo o no utilidades. Lo anterior implica que, inclusive en caso que la compañía esté teniendo pérdidas, este impuesto a las ventas se aplicará de igual manera. Lo anterior conlleva varias consecuencias, entre ellas que, enfrentadas al pago de este impuesto, las mineras opten por no extraer el mineral de más baja ley o que es más costoso de extraer, toda vez que podría no ser rentable. Y para el Estado, no hay peor negocio que el mineral se deje de extraer, pues mientras el mineral se encuentre en el subsuelo, este no paga ningún tipo de impuesto.
En cuanto al impuesto a la rentabilidad operacional, este se sumaría al ad valorem, al impuesto específico de la minería, y a todos aquellos que pagan las empresas en Chile. La suma de todo esto, según el Consejo Minero, estaría dejando la carga tributaria de la minería en un 66%, muy por arriba de la que tienen otros países mineros. “Pero igual siguen ganando plata”, es el argumento de algunos para justificar esta carga impositiva. Y si bien esto es verdad hasta cierto punto, solo considera a los yacimientos actualmente en producción, y no el desincentivo que se hace a la exploración minera, toda vez que el riesgo sobrepasaría con creces la potencial recompensa.
Sin exploración minera, no habrá nuevos descubrimientos. Nuestros yacimientos son relativamente antiguos, y si queremos seguir manteniendo el liderazgo en producción de cobre, es imperativo incentivar la exploración minera, sobre todo considerando que, desde que se empieza a explorar hasta que la mina entra en producción, pueden pasar 20 años y se requieren varios miles de millones de dólares.
Estamos todos de acuerdo que el aporte de la minería es clave para financiar las legitimas demandas sociales de los chilenos. Pero pensemos en el largo plazo, y preguntémonos si una política que desincentiva la exploración minera -y por ende la entrada de nuevas minas a producción-, es el mejor camino para obtener recursos de forma sustentable, no solo en los próximos años, sino en las próximas décadas.
