“Si durante los ‘70 se constitucionalizó el régimen de la minería; las pocas normas que existen (en el borrador elaborado por los constituyentes) van a permitir el proceso contrario, entregando al legislador y a las mayorías contingentes, el control de un área bastante sensible en cuanto a inversiones, recursos y tiempos, que requiere para su desarrollo”, afirma el abogado Eduardo Cordero, al hacer un análisis del texto surgido del proceso constituyente.
Experto en derecho constitucional, administrativo y de actividades reguladas, advierte además que de aprobarse la nueva Constitución en el plebiscito de salida, va a requerir de muchas leyes para complementar todos los cambios que plantea; “y la dictación de leyes puede demorar su entrada en vigencia”, añade.
Eduardo Cordero es socio del estudio Guerrero Olivos, donde lidera el área de derecho público y mercados regulados. También es profesor de las facultades de Derecho de las pontificias universidades católicas de Chile y de Valparaíso.
– ¿Qué impresión tiene del borrador de nueva Constitución, tanto en lo minero como en otras materias que repercuten en esta industria?
Hay cosas que se deben tener presente cuando estamos frente a una regulación constitucional. En principio, tiene que establecer acuerdos que inciden en la sociedad y, lógicamente, en lo político, en lo jurídico, pero especialmente en lo económico, eso no se puede eliminar.
El tema minero perfectamente podría no estar en la Constitución, como ocurrió durante largo tiempo en nuestra historia institucional, hasta 1970, cuando por primera vez se elevaron a este nivel las normas del régimen minero, con la Nacionalización de la Gran Minería del Cobre. Y si hoy día uno analiza con cierto detenimiento los artículos que están en el borrador de Constitución, no implican un cambio sustantivo respecto de lo actualmente vigente, en materia estrictamente minera, puntualizo.
No obstante, esta actividad no comprende solo los recursos minerales, también lo referido a recursos hídricos, medioambiente, los derechos de los pueblos originarios… Y si vemos a esas normas, efectivamente lo que uno puede apreciar es que se va a producir un impacto.
Respecto de los derechos de la minería, una primera lectura da a entender que mantendríamos vigente el régimen de concesiones judiciales como está hoy establecido; más aún, estaría amparado con la garantía de la propiedad o patrimonial, que considero es lo relevante.
Pero sí es preocupante que, a diferencia de lo que ocurre con la Constitución actual, el régimen minero estará entregado a una ley de quorum simple; por lo tanto, para hacer una modificación bastará con la mayoría que exista en el Congreso. Es decir, si durante los ‘70 se constitucionalizó el régimen de la minería; las pocas normas que existen (en el borrador) van a permitir el proceso contrario, entregando al legislador y a las mayorías contingentes, el control de un área bastante sensible en cuanto a inversiones, recursos y tiempos, que requiere para su desarrollo.
– De aprobarse en el plebiscito de salida ¿Cuán grande sería el ajuste requerido en materia legislativa?
Reitero que la Constitución no tiene que regularlo todo; tiene que sentar las bases de cierto consenso en ámbitos que son de carácter sensible. Creo que hemos concurrido a un momento complejo, porque que el borrador (elaborado por la Convención) ha ido más allá de lo que uno esperaba en cuanto a regulación. Lo que se está haciendo es tratar de establecer una suerte de ´políticas´ en distintos sectores, en el ámbito de la salud, de la educación, en lo económico, en el manejo de los recursos naturales… El problema es que las políticas económicas varían en el tiempo, y lo mismo puede ocurrir con los incentivos y desincentivos que se puedan establecer en esas materias.
Por lo tanto, es un texto constitucional que está fuertemente expuesto, primero, a cómo se va a implementar por la legislación; y en segundo lugar, a que seguramente va a haber cambios de paradigmas o nuevas realidades, que van a implicar modificarlo. Independiente de que uno esté a favor o en contra de esta propuesta de Constitución, así como está, considero que va a ser un texto que rápidamente será objeto de varias modificaciones.
Y creo que los propios convencionales se han dado cuenta de esto. Que se va a requerir de muchas leyes para complementar este texto constitucional; y la dictación de leyes puede demorar su entrada en vigencia. Y para evitar que se reforme, se ha buscado aumentar los quórums de modificación, para establecer lo que se denomina una Constitución pétrea o rígida; olvidando que la constituciones representan la realidad de un país, sus valores culturales y su historia, por lo que nunca van a estar vigentes eternamente. Las que lo han logrado, son aquellas que simplemente establecen los contenidos elementales o básicos, como la de Estados Unidos.
– ¿Considera que el texto que se propone es muy regulatorio?
Sí. Lo que uno esperaría de una constitución es que, en primer lugar, establezca los órganos y los procedimientos para adoptar decisiones dentro de una comunidad política -estamos hablando del congreso, el poder judicial, el ejecutivo-, algunos órganos de control que son relevantes, pero sobre todo, los derechos fundamentales que se le reconocen a las personas frente al Estado. Con eso es suficiente.
Pero lo que está ocurriendo es que, como existen ciertas ‘ideas de política pública’ que se están tratando (de implementar y) de mantener en el tiempo, se las ha elevado a nivel constitucional; y por lo tanto, produce un exceso. Además, expone a que la nueva Constitución pueda tener serios problemas en su aplicación y vigencia.
– ¿Qué espera de este periodo que resta del trabajo constituyente?
Lo que esperamos todos: que salga un texto que sea coherente, armónico y, sobre todo -y creo que es lo fundamental-, que lo que se dijo al país que estaba, podríamos decir ‘en bruto’, dé cuenta de cada uno de los postulados, principios e ideas que se van a proponer a la comunidad para su aprobación o eventual no aprobación en el plebiscito de salida.
Hoy día, si uno lee los 499 artículos del borrador, se encuentra con algunos que tienen problemas de redacción, que presentan conceptos que no son claros, existen contradicciones. Ojalá que la comisión de Armonización nos dé respuesta a ello, para que cuando las personas deban concurrir a votar, tengan claro las ideas matrices (de esta nueva Constitución), cada uno de los capítulos que contiene, y cómo se va a implementar. Porque si existen dudas o discusiones sobre eso, va a generar mayores problemas que beneficios.
