En el marco del proyecto de Royalty que se discute en el Senado, una investigación de la Universidad Católica, da cuenta que la última reforma tributaria de la minería privada realizada en Chile que supera a la actual, ocurrió en 1955, con la Ley del Nuevo Trato (Ley Nº 11.828), y significó un aumento mínimo de 51,5% respecto de la anterior reforma ocurrida en 1934. Según detella el académico de la Universidad Católica, Gustavo Lagos, en entrevista a El Mercurio, lo aprobado recientemente en la Comisión de Minería del Senado -y que ahora debe ser visto por la de Hacienda- es más del doble que las reformas de impuestos vigentes, que se concretaron en 2005 y 2010, y que elevaron el tributo de la minería privada del cobre (GMP10) en un 12%, considerando varios años desde su aplicación.
“De aprobarse la propuesta de la Comisión del Senado constituirá un impacto negativo a la inversión minera en cobre en Chile, y si bien la recaudación podría aumentar en el presente Gobierno, es casi seguro que se reducirá en futuras administraciones, debido a la menor expansión de la producción. Por ello es vital que la propuesta del Senado sea fuertemente moderada”, sostiene el académico en sus declaraciones a El Mercurio.
La actual propuesta de royalty se compone de dos artículos, uno es aquel que determina la existencia de un componente ‘ad valorem del royalty minero con una tasa de un 1% sobre las ventas anuales de cobre de los explotadores mineros cuyas ventas anuales sean superiores al equivalente de 50.000 toneladas métricas de cobre fino, Esta propuesta fue visada con tres votos a favor, y dos en contra.
Misma votación fue la que recibió la indicación referida a que los explotadores mineros cuyas ventas anuales provengan en más de un 50% del metal rojo y superen el valor equivalente a 50.000 toneladas métricas de cobre fino, quedarían sujetos a la sección del royalty denominada ‘componente sobre el margen minero’. La escala de tasas para aplicar este impuesto fluctuaría entre un 8% y 26%.
APORTE A REGIONES
Gran parte de la propuesta del Gobierno en la materia, ha estado asociada a la repartición de los tributos, que irán en una importante proporción a las distintas regiones.
Por ejemplo, uno de los elementos del proyecto es el Fondo de Comunas Mineras, creado para compensar externalidades en los territorios, y que concentrará en total unos US$ 55 millones a distribuir entre 29 comunas de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.
También contempla el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, que distribuirá unos US$ 170 millones, que irán en beneficio de 302 de las 346 comunas del país, con mayor preponderancia para aquellas que son más dependientes del fondo comunal municipal. Y se considera la repartición de US$ 225 millones para el fondo regional de productividad y desarrollo, donde existen algunas alternativas para su distribución, aunque se espera que lleguen a manos de los gobiernos regionales.
