La mesa del royalty, integrada por autoridades del mundo público y privado, presentó medidas presupuestarias, administraticas y legales para destrabar proyectos de inversión.
El Gobierno anunció ayer las 20 medidas comprometidas en la Mesa del Royalty para reducir la “permisología” en la minería. A través de la integración de 380 autorizaciones sectoriales y 37 servicios en el Sistema Unificado de Permisos (Super), una plataforma digital que actúa como ventanilla única para el procesamiento de permisos sectoriales, se busca reducir el plazo de aprobación de proyectos de inversión minera hasta en un tercio.
Entre las medidas más generales que planteó la Mesa están:
Reformas Administrativas: Estas incluyen modificaciones a las regulaciones relacionadas con la excavación, la seguridad minera y los depósitos de relaves.
Iniciativas Legales: reformas en las leyes que rigen las evaluaciones de impacto ambiental y las autorizaciones sectoriales, con proyectos de ley ya en curso en el Congreso.
Consideraciones Presupuestarias: Se están realizando esfuerzos para asegurar fondos para las solicitudes de permisos pendientes descritas en la Ley de Presupuestos 2024.
Joaquín Villarino, Presidente del Consejo Minero, reconoció en El Mercurio la receptividad del gobierno para discutir la estructura final del royalty minero. Sin embargo, advirtió sobre políticas contraproducentes, citando en particular preocupaciones sobre “inflación sancionatoria” en el proyecto de ley de fiscalización ambiental.
