Este sábado serán votadas por el Pleno de la Convención Constitucional las indicaciones aprobadas por la comisión de Medioambiente a su segundo informe, el cual fue rechazado en general por esta instancia, el pasado jueves 21 de abril. Entre los artículos modificados se encuentra el Estatuto Constitucional de los Minerales
Tras conocerse el nuevo texto, desde la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, Aprimin, emitieron un comunicado en el cual critican el articulado que surgió de esta revisión, por cuanto “los convencionales de la Comisión insistan en delegar al Estado la responsabilidad de desarrollar prácticamente toda la actividad minera, algo que ya ha sido cuestionado en instancias previas”, afirmaron. El gremio cuestionó especialmente la Indicación 150, y que estipula que: “En el caso del cobre, el Estado explorará y explotará por sí mismo, y podrá hacerlo en asociación con particulares siempre resguardando la participación mayoritaria del Estado, considerando que es imposible para el Estado financiar las inversiones que la minería requiere en el futuro, de más de US$68.000 millones, ya que debe privilegiar los derechos fundamentales”.
Para Aprimin, la comisión está desconociendo todos los aportes que ha realizado la minería privada al país, que se ha trabajado fuertemente en las últimas décadas por cumplir con altos estándares sociales y medioambientales, y cuyo apoyo además, a través de la tributación, es clave para solventar las grandes reformas que pretende impulsar el país a futuro.
“A través de esta redacción, se insiste en una Constitución que promueve, en forma indirecta pero clara, la nacionalización de la minería, como si no les importara que el mundo es hoy global, perjudicando nuevas inversiones, y con negativos efectos para todas nuestras exportaciones de diversos productos, porque van a muchos países que tienen inversiones mineras en Chile. No compartimos la obsesión de estos convencionales por entregarle al Estado la responsabilidad de invertir, desarrollar, explotar, producir y exportar los recursos minerales, en vez de haber establecido -tal como lo esperaba la mayoría de los chilenos- las bases para asegurarle al país una industria minera sustentable, preocupada por el medio ambiente y que aporta valor a las comunidades donde opera. Confiamos en que el Pleno sabrá enmendar el rumbo, por el bien de Chile”, comentó Sergio Hernández, director ejecutivo de asociación.
El representante del gremio criticó también que se insista en reemplazar el actual sistema de concesiones, por uno de “autorizaciones caducables y no renovables”, que serán entregadas en forma temporal. “Lamentamos que los convencionales insistan en un concepto débil y que daña de muerte la tan necesaria certeza jurídica, ya que las inversiones mineras son de recuperación en largos plazos, hasta de 15 o más años. Estas modificaciones no dan garantías a los inversionistas y, así, se impacta negativamente al conjunto de la minería y su red de encadenamientos, como los miles de proveedores, el empleo y poblamiento de la zona norte de Chile, con su importancia geopolítica”, añadió.
Hernández sostuvo que es necesario que en la votación que realizará el Pleno este sábado, se tome el real peso de lo que significaría para el país aprobar iniciativas, que precarizan y dañan a la minería. “Chile siempre ha sido y seguirá siendo un país minero. Hoy tenemos una tremenda oportunidad que nos dan los mercados internacionales para dar un salto cualitativo, y proveer los minerales que necesitará el planeta para la transición energética; no perdamos esta oportunidad”, concluyó.
