En 2020 la minería aportó al PIB del país en un 12,5% según Sernageomin. Pero las asociaciones industriales hacen una lectura por región de esa cifra, lo que aumenta aporte al PIB. Si se hace ese ejercicio, Antofagasta representa el 53%; Tarapacá y Atacama el 36%, mientras que Coquimbo el 25%. La visión de las cuatro asociaciones de la macrozona norte es abogar por un royalty que aporte a la agenda social, pero que sea aplicado de forma razonable.
El nuevo royalty presentado por el Ejecutivo operará en una modalidad híbrida, con un componente ad valorem que oscilará en tasas efectivas entre 1% y 2% para los productores entre 50.000 y 200.000 toneladas métricas de cobre fino (TMF), y entre 1% y 4% para aquellos con más de 200.000 TMF. También tiene un componente sobre la renta minera, con tasas de entre 2% y 36% sobre la rentabilidad operacional, para precios del cobre entre dos y seis dólares la libra. Los representantes regionales lo consideran desproporcionado ya que deja a Chile como uno de los países con mayor carga tributaria del mundo. “Tenemos que cuidar a esta industria, no ahogarla. Debemos seguir siendo competitivos y no espantar la inversión”, explicaron.
Además, advirtieron que el proyecto propone que los componentes a pagar sean adicionales, con independencia de la rentabilidad, y no indica si será diferenciado según el tipo de explotador minero: castiga al que produce más solo por producir, sin considerar etapas previas como inversiones, los factores geológicos que son diferente para cada yacimiento, entre otras.
“El proyecto hay que analizarlo en conjunto con todos los demás impuestos que paga la minería, con lo que la tasa final que se pagará será elevada, afectando la competitividad y el desarrollo minero. En este contexto, hacemos un llamado a que la discusión legislativa considere la voz y la realidad de las regiones”, plantearon.
Añadieron que es su deber alertar que la forma en que está planteado el royalty no contribuye al desarrollo sostenible de la minería. “Apelamos a que en la discusión legislativa esto se modifique y, por medio del diálogo, se acuerde una fórmula que permita que Chile siga teniendo un sector minero competitivo que aporte al crecimiento del país, las regiones y comunidades”, manifestaron los líderes gremiales.
Sobre el Fondo Regional para la Productividad y Desarrollo (incorporado en la indicación del Ejecutivo), el presidente de la AII, Leopoldo Bailac, planteó que tiene una incoherencia en su financiamiento. Explicó que una de las características de este fondo es que deberá destinarse en un 35% a las regiones mineras, cuyo financiamiento provendría del royalty que se propone. “Esto parece una noticia atractiva, pero se contradice con la propuesta del Gobierno ingresada al Congreso donde explícitamente señala que el Fondo estará constituido por los recursos que para este objeto contemple anualmente la Ley de Presupuestos. Mediante uno o más decretos supremos del Ministerio de Hacienda se regulará la administración, operación, condiciones, destino y distribución de los recursos del Fondo de la presente ley, es decir, no tiene relación propiamente tal con el royalty”, puntualizó.
Marko Razmilic, presidente de la AIA, comentó que resulta “incomprensible que la carga total propuesta por el Ejecutivo supere lo que había trabajado la Comisión de Minería del Senado, donde las regiones de la Macrozona Norte fuimos a exponer y dar contexto técnico. Asimismo, nos preocupa la aplicación de un gravamen sobre las ventas de minería, y más aún que este crezca fuertemente en relación con los precios del cobre, de un 1% hasta un 4% en su tasa efectiva”.
El dirigente agregó que este componente no considera las distintas estructuras de costos que tienen las empresas mineras, poniendo en especial riesgo a aquellas de costos más altos. Según Razmilic, “esto significa un golpe muy duro de asimilar por buena parte de la minería que opera en nuestras regiones”.
El presidente de Corproa, Juan José Ronsecco, evaluó que la producción de cobre chilena se ha estancado en los últimos 15 años, con costos y riesgos mayores que en Canadá, Australia, Perú u otros distritos mineros. “Por ejemplo, el royalty propuesto señala que podría llegar al 4% ad valorem para la gran minería, es decir, cuatro veces el monto que cobra Perú. La idea es apostar por una industria sólida y robusta que permita una mayor recaudación para la agenda social, no aplastarla con impuestos regresivos”, alertó.
Francisco Puga, presidente de Cidere, aseveró que la minería va más allá de los aportes que le entrega al Fisco y que la actividad minera de Chile es importante debido a su volumen de alcance mundial. “Hay que asegurar que esta industria siga contribuyendo al país en el largo plazo. La cartera de proyectos mineros actualizada por Cochilco para el período 2021-2030 alcanza los US$ 68.925 millones. No podemos poner en riesgo lo que esto implica: miles de puestos de trabajo y una serie de encadenamientos productivos, es decir, progreso de las regiones, los trabajadores y sus familias”, dijo.
