La Comisión de Evaluación Ambiental de Tarapacá aprobó la RCA Complementaria del “Proyecto Continuidad Operacional de Cerro Colorado”. Con esta aprobación la compañía destaca que da cumplimiento a lo ordenado en los fallos del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago (2019) y de la Corte Suprema (2021), a la vez que constituye un antecedente relevante para una modificación de la medida cautelar que restringe la extracción de aguas para la operación minera.
“Esta decisión ratifica que las medidas propuestas por Cerro Colorado para el manejo y recuperación del acuífero Lagunillas y su ecosistema han sido consideradas como adecuadas por los organismos competentes. Asimismo, certifica el desarrollo del proceso de consulta indígena con la Asociación Agrícola San Isidro de Quipisca, con quienes firmamos un Protocolo de Acuerdo Final que consideró medidas robustas y compromisos adquiridos con dicha comunidad”, comentó Alejandro Heilbron, gerente general de Cerro Colorado.
La minera está a la espera de lo que resuelva el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta respecto de la medida cautelar, a fin de que pueda empezar a operar en los términos aprobados por la Comisión de Evaluación Ambiental hasta el término de su licencia ambiental, que se extiende hasta fines del año 2023.
Compañía Minera Cerro Colorado es una faena productora de cobre, ubicada en la comuna de Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá, a 118 kilómetros de Iquique. Desde el año 2000 es parte de la empresa minera global BHP. En 2019 produjo 75.000 toneladas de cobre, y cuenta con una dotación de 854 trabajadores directos y 1.282 contratistas. Desde 2020, la empresa se encuentra en un proceso gradual de des-escalamiento, en consideración al fin de su licencia ambiental de operación, la que expira en diciembre de 2023.
El Proyecto “Continuidad Operacional de Cerro Colorado” fue calificado favorablemente el año 2015, sin embargo, en 2019 el Segundo Tribunal Ambiental mandató volver a evaluar las medidas para la recuperación de los niveles del acuífero Lagunillas, considerando esta vez la variable del cambio climático. En enero de 2021, la Corte Suprema ratificó el fallo y ordenó, además, que se desarrollara un proceso de Consulta Indígena con la Asociación Indígena Agrícola San Isidro de Quipisca.