La iniciativa, valorada en 2.500 millones de dólares, fue desestimada por tercera vez debido a preocupaciones ambientales. Diversos actores califican la decisión como un hito que enfrenta desarrollo económico y protección ambiental en Chile.
El Comité de Ministros de Chile rechazó por unanimidad el proyecto minero-portuario Dominga, basado en su posible impacto en la biodiversidad de la región, incluyendo especies emblemáticas como el pingüino de Humboldt y el loro tricahue. Esta decisión sigue al fallo del Primer Tribunal Ambiental que había ordenado reconsiderar la evaluación del proyecto debido a conflictos de interés en decisiones previas. La empresa Andes Iron, promotora del proyecto, anunció que recurrirá nuevamente a la justicia.
La Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) expresó su descontento. Su presidente, Jorge Riesco, calificó la decisión como «decepcionante y contradictoria». Señaló: “A pesar del fallo favorable del Tribunal Ambiental de Antofagasta, la validación de todas las instancias técnicas y el respaldo de la comunidad, prevaleció una decisión política que contradice el mérito de todo el proceso de evaluación”.
Riesco también criticó el mensaje contradictorio del gobierno: “Esto envía una señal preocupante sobre el uso de la institucionalidad ambiental, que debe ser mejorada, pero sigue siendo un activo valioso para el país”. Agregó que la judicialización de este proceso, que ya lleva más de 12 años, no contribuye al desarrollo ni a la confianza de los inversionistas.
Por su parte, organizaciones medioambientales valoraron el rechazo del proyecto, considerándolo una señal positiva para la conservación de áreas protegidas y la biodiversidad. Según Greenpeace Chile, la decisión reafirma la inviabilidad de Dominga por su grave riesgo ambiental.
La controversia en torno a Dominga pone de manifiesto las tensiones entre desarrollo económico e inversión extranjera, por un lado, y la necesidad de proteger el medio ambiente y garantizar un proceso de evaluación transparente, por el otro. Se espera que la disputa continúe en los tribunales, prolongando la incertidumbre en torno a la viabilidad de la iniciativa.
