Este martes 1 de febrero la Comisión de Medioambiente de la Convención Constitucional aprobó en general una iniciativa para nacionalizar las compañías mineras, “pasando al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y de sus filiales relacionadas con su actividad en territorio nacional”.
La convencional Ivanna Olivares (Pueblo Constituyente), una de las impulsoras de esta propuesta, ahondó sobre sus objetivos y eventuales implicancias, en una entrevista realizada en el programa Agenda Económica, de CNN Chile (puedes ver la nota acá).
En esa instancia, remarcó que el texto declara que “todo se nacionaliza”, e incluso puso nombre a la compañía por cual esperan comenzar: “Vamos a ir primero por Escondida, que es la minera privada más grande”.
Olivares explicó que de prosperar su propuesta en la nueva Constitución y lograr ésta el respaldo popular, el Presidente de la República tendrá como plazo un año para mandatar este proceso de nacionalización “de todas las empresas transnacionales y privadas de la gran minería, y de todos los bienes estratégicos que en este momento están privatizados”.
Ante consultas del periodista, la constituyente reconoció desconocer el monto que debería pagar el país por concepto de indemnizaciones. Pero dijo que para efectuar ese cálculo, la Contraloría -que sería el organismo competente-, debería basarse en todas las ganancias históricas que han tenido estas grandes empresas mineras, las que citando supuestas cifras de Cochilco, sumarían entre los años 1990 y 2019, más de US$500.000 millones.
Reacciones
A la luz de estas declaraciones, Agenda Económica se contactó en su edición siguiente con Cochilco y representantes de la industria minera.
Jorge Cantallopts, director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, aseguró que no existe ningún informe que corrobore que las mineras han ganado US$500.000 millones, como señaló la convencional Olivares. “No lo hemos hecho. Probablemente es una derivación a partir de nuestra información, pero ese estudio que diga que las mineras han ganado US$500.000 millones, explícitamente no”, afirmó.
En tanto, Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, hizo antes que todo hincapié en que la propuesta aprobada el martes por la Comisión de Medioambiente, es una expropiación y no una nacionalización: “los minerales en Chile, de acuerdo a la Constitución, pertenecen al Estado”, precisando que la regulación vigente lo que ha establecido es “de qué manera explotamos estos recursos”.
De hecho, recordó que actualmente el Estado, a través de Codelco, cumple con esa tarea, aportando un tercio de la producción de cobre del país; y no genera más, porque no cuenta con los recursos suficientes. Puntualizó que la estatal es la compañía que posee más concesiones mineras pendientes por desarrollar.
Con respecto a los eventuales beneficios del rubro por US$500.000 millones que mencionó Olivares, el presidente del Consejo Minero aclaró que en total, todo lo que ha vendido el sector en los últimos 15 años representa un flujo en torno a los US$600.000 millones, de los cuales se ha retirado en promedio un 10%, “es decir, deben ser US$60.000 millones”.
Villarino reiteró que una expropiación como la que se propone sería carísima, y que el país no cuenta con los recursos para hacerla.
