“Se hizo en los ’70; lo podemos volver a hacer ahora”, “El pago de indemnizaciones sería más que recuperado con los ingresos por las ventas de cobre” o “Las minas están en Chile y eso nos da control”, son algunas frases que se suelen escuchar en apoyo a una eventual Nacionalización de la industria minera. ¿Qué tan reales son esos argumentos?
En la primera parte de nuestra entrevista con el abogado Daniel Weinstein, experto en temas legales mineros (léala acá), nos explicó el alcance de las tres iniciativas aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional, y que apuntan a un mayor control de esta industria por parte del Estado.
En esta segunda entrega, profundiza en otros efectos que podría significar para Chile dar un paso en esa dirección, y también aborda -y desmitifica- las afirmaciones mencionadas al inicio.
– Además de consecuencias legales ¿Qué otros perjuicios podría gatillar la expropiación de compañías mineras?
Traería efectos negativos, tanto nacionales como internacionales. Internamente, el pago de indemnizaciones dejaría al país totalmente desfinanciado para llevar a cabo la agenda social los próximos años. Si no pagamos o si ofrecemos condiciones adversas para los inversionistas, nos van a llevar a arbitraje internacional, lo cual además de ser desgastante y costoso, no creo que evite que tengamos que cumplir con las indemnizaciones, y con intereses.
Independientemente del sector político, todos deberíamos querer que le vaya bien a la administración entrante del Presidente Boric. Pero si tiene que estar negociando, defendiéndose en arbitrajes y pagando indemnizaciones, tendrá una mochila pesada que cargar, que le hará difícil cumplir con su programa.
Internacionalmente, en tanto, significaría un golpe reputacional importante; pues haría que inversionistas de otras actividades económicas, como energía e infraestructura, desconfíen del país -por temor a ser luego ellos también expropiados-, lo cual se traduciría en menos trabajos y recursos para Chile. Más aún, si no pagamos indemnizaciones justas, podríamos quedar aislados del concierto internacional.
Los efectos repercutirían en todos los chilenos, pues los índices de riesgo país se dispararían, por lo que a Chile le saldría más caro endeudarse, lo cual, unido a una menor inversión extranjera, traería aparejada un alza del dólar y un encarecimiento de los créditos; con efectos importantes en las familias chilenas, en especial aquellas de la clase media.
– Hablemos de algunos argumentos que se suelen escuchar en apoyo de la Nacionalización:“Se hizo en los ’70, lo podemos volver a hacer” ¿Cómo fue ese proceso y sería similar ahora?
El proceso de Nacionalización se inició en los ‘60, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, bajo un modelo de asociación del Estado con las mineras, pagando las indemnizaciones que se negociaron. Luego, en 1971 se inició la nacionalización total del cobre. Dicho proceso encontró a Chile -y al mundo- en un escenario completamente distinto al de hoy. Chile pasó de ser un país con mucha pobreza, a ser el más próspero de la región, principalmente gracias a la globalización y al comercio con otras naciones.
Hoy en día estamos muy insertos en el concierto internacional, tenemos decenas de tratados de comercio y somos reconocidos por eso. Por ello, y por los altos montos de las indemnizaciones, veo poco factible una Nacionalización, pues el proceso llevado a cabo en los ‘70 fue sumamente conflictivo, y ahora sería aún más complejo.
– Otra aseveración: “El pago de indemnizaciones sería más que recuperado con los ingresos que recibiría el Estado, como único controlador” ¿Sería tan sencillo?
No, no es tan sencillo. Para empezar, el monto de todos esas indemnizaciones debería pagarse casi de inmediato, y recuperarlo llevaría varios años.
Además, se deben invertir miles de millones de dólares sólo para que las minas hoy existentes, puedan seguir operando. Toda esta situación implicaría que la administración del Presidente Boric, e incluso las que vengan después, estarían fuertemente endeudadas, impidiéndoles llevar a cabo sus programas.
– Y finalmente: “Las minas de cobre están en Chile, y eso nos da el control”. ¿Tendríamos efectivamente ese poder?
No, en absoluto. Por una parte, eso sería hacer valer la Ley del Más Fuerte: “Puedo hacerlo, así que lo hago”. Y como ya mencioné, existen mecanismos internacionales para cautelar el trato justo al inversionista extranjero. Pero más allá de eso, en un mundo tan globalizado, donde queremos ser un país que desarrolle ciencia y tecnología, no podemos darnos el lujo de no respetar el ordenamiento jurídico internacional; y mucho menos que los demás países y organismos internacionales pierdan la confianza en nosotros, como ya les ha pasado a otros en la región.
Experiencia comparada
– ¿Qué ha pasado en otros casos similares, a nivel mundial?
Un caso interesante es Zambia, que tiene casi la misma superficie y población que Chile, y en el cual la minería es también una actividad de gran importancia. En 1970 ambos países producían la misma cantidad de cobre, sin embargo, desde hace ya bastante tiempo Chile produce ocho veces más cobre que Zambia. Esto no es coincidencia o responde a que tengamos mayores reservas; es porque aquí le dimos seguridad al inversionista extranjero. Como consecuencia de lo anterior, hoy el PIB per cápita de Chile es más de diez veces superior al de Zambia.
¿Qué pasó en ese país? En 1969 inició un proceso de nacionalización de la minería, primero ocupando la fórmula de hacerse con el 51% del control de las compañías, y en 1973 pasó a una nacionalización plena, que duró 24 años; pero sus consecuencias pueden verse hasta el día de hoy. En 1969 producían 769.000 toneladas de cobre y la industria minera daba 62.000 empleos directos. En 2000 Zambia produjo solo 250.000 ton y generó sólo 22.000 empleos directos.
– Usted tiene experiencia internacional en el desarrollo de proyectos mineros. ¿Cómo funciona la minería en otros países?
En casi todos los países en que he prestado asesoría legal, la iniciativa privada en la minería no sólo se tolera, sino que se incentiva. Pongamos como ejemplo dos naciones en las cuales tengo bastante experiencia, y cuentan con una minería desarrollada: Australia y Canadá. En ambos se promueve fuertemente, tanto la minería como la iniciativa privada en ella, sea de inversores nacionales o extranjeros.
En Canadá estuve a cargo de asesorar a un gran proyecto minero en construcción, y las comunidades indígenas aledañas consideraban a la compañía minera como un verdadero socio. Por su parte, la empresa tomaba constantemente medidas para mejorar el nivel de vida de las comunidades y hacerlos partícipes del proyecto.
– ¿Cuán importante ha sido la inversión privada para el desarrollo de la minería en Chile?
Ha sido fundamental, en especial desde 1990. Sin desmerecer en absoluto el rol de Codelco y Enami -ambas grandes instituciones y un orgullo para Chile-, el gran motor de la minería ha sido la inversión extranjera. Y, en mi opinión, el Estado no puede suplir ese aporte.
Varios años atrás trabajé en una compañía que gastaba decenas de millones de dólares cada año en exploración en el norte de Chile, pero no conseguía nada. La posibilidad de encontrar y poder desarrollar un depósito de cobre de clase mundial es de 1/1.000. Puedes tener a las mejores personas y equipos, pero estadísticamente es muy difícil encontrar algo.
¿Queremos que el Estado gaste cientos o miles de millones de dólares cada año, en una actividad tan riesgosa? Asimismo, se requiere de una variedad de recursos -que el Estado carece-, sólo para seguir operando las minas. Lo anterior implicaría que produciríamos menos –que es lo más probable-, o que se tuviera que reasignar recursos desde otras áreas, para poder seguir operando las minas.
Sin dogmas
– En el evento de que se llevara a cabo ¿Cómo cree que funcionarían las mineras nacionalizadas?
Reitero que, basado en experiencias pasadas, considero que el Estado no tiene la capacidad para hacerse cargo de toda la minería del país. Estamos hablando de una actividad económica muy significativa y compleja, que requiere de una variedad de actores. De la misma forma, pienso que ninguna compañía privada, por más grande y rica que sea, podría hacerse cargo de toda la minería chilena.
Recuerdo que a mediados de los ‘90, cuando aún estaba vigente la Pena de Muerte, hubo una polémica porque algunos ministros de la Corte Suprema declararon que ellos, por razones religiosas, no votarían a favor de esa condena. Yo -al igual que muchos-, pienso que es totalmente legítimo tener una religión; pero se debe aplicar la Ley.
Digo esto, porque para algunos, la Nacionalización es un verdadero “Dogma de Fe”. Cada uno puede tener las ideas políticas y convicciones que quiera -y esto aplica tanto para los que están a favor, como en contra de la Nacionalización-; pero para decidir sobre medidas como las que estamos hablando, es necesario dejar atrás estas creencias, y realizar estudios empíricos que determinen qué pasaría si el Estado controlara toda la minería: ¿Tendríamos más recursos y mejores empleos? ¿Sería una minería más sustentable? ¿Nos llevaría a ser un país más desarrollado?
El problema, es que dichos estudios no existen. Por ende, querer aplicar medidas tan extremas, sin esa información, es como pretender saltar desde un trampolín a 10 metros de altura, sin siquiera revisar si la piscina tiene agua.
– Se han dado algunas cifras del posible costo de expropiar. Con base en su experiencia ¿De cuánto podríamos estar hablando?
Ese es un dato importantísimo que, lamentablemente, no vi en ninguna de las iniciativas. Antes de siquiera empezar a hablar de Nacionalización, deberíamos contar con ese dato.
Pero yendo a la pregunta: es difícil determinar el monto, pues habría que ir yacimiento por yacimiento, valorizar las exploraciones mineras, las instalaciones que sirven a la minería, etc. Hablando con expertos, pienso que se trataría de un monto entre los US$100.000 millones y los US$280.000 millones. Cualquiera sea el caso, es una cantidad que Chile no tiene.
– ¿Cree que sí son necesarias algunas modificaciones a la institucionalidad minera?
En efecto, creo que la minería se beneficiaría de ciertas modificaciones legales y constitucionales. Pero todas deben hacerse teniendo a la vista estudios empíricos sobre tal medida y sus consecuencias, además de escuchar a los expertos en el tema. En tal sentido, creo que lamentablemente nuestros constituyentes no tuvieron ni el tiempo, ni los recursos para contar con este tipo de información.
Sinceramente, pienso que los constituyentes que han patrocinado las iniciativas que hemos comentado, quieren lo mejor para Chile; pero parten de una base errónea. La minería privada sí puede ser sustentable; sí puede otorgar a Chile los recursos que tanto necesita, y bien hecha, mejorará el nivel de vida de todos los chilenos, que es lo más importante.
