Las perspectivas para el rubro minero para este 2022 que recién comienza son buenas. Se espera que el PIB sectorial minero crezca en torno al 2%, con una producción de cobre cercana a las 5.800.000 toneladas.
No obstante, hay riesgos, como por ejemplo, la disminución en las leyes del mineral mayor a lo estimado. “Esto puede afectar la producción, a lo que se agrega un posible rebrote de COVID lo que naturalmente también podría reducir marginalmente el desempeño productivo”, opinan integrantes del rubro.
Otra preocupación son las negociaciones colectivas que deben renovarse este año. Si es que no se llega a acuerdos pueden ocurrir una paralización de actividades. “Se debe tener presente que si debido a las negociaciones colectivas programadas para este año, se producen paralizaciones, esto afectará el nivel de producción”, cree Álvaro Merino, gerente de Estudios de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI). “Esperamos que este proceso se desarrolle por los cauces normales establecidos, los que naturalmente deben estar centrados en la realidad, considerando la sustentabilidad, la situación actual de la compañía minera, así como también el comportamiento futuro”, añade el ejecutivo.
Las negociaciones deberían llegar a buen puerto, según Merino, dado lo que ocurrió durante el largo período de cuarentenas que vivió el país. “Hay una fuerza laboral madura que quedó demostrada durante la pandemia, de modo que esperamos que en este procedimiento prime el diálogo, los buenos oficios y los acuerdos”, dice.
Negociaciones principales
Según la información del Consejo Minero y la SONAMI, este año son 29 los contratos colectivos que tiene que volver a negociarse. Los primeros vencen a fines de enero y se trata del Sindicato Número 2 de Sierra Gorda SCM, que involucra a 407 trabajadores. Este mismo mes, el Sindicado Personal Administrativo de Quebrada Blanca tiene el mismo proceso, que considera a 265 trabajadores.
Sin embargo, son tres las negociaciones que involucran la mayor cantidad de trabajadores. La primera ocurrirá en agosto y es la del Sindicato Minero de Codelco Chuquicamata, conformado por 887 trabajadores. En mayo, la minera AMSA – Centinela deberá acordar con el Sindicato de Trabajadores (Operadores) N°1 que reúne a 814 funcionarios. En ese mismo mes, el Sindicato de Trabajadores Ni de Codelco Chuquicamata, que cuenta con 813 empleados, también deberá hacer frente a esta negociación, al igual que el Sindicato Número 3 de Codelco Chuquicamata, que negociará junto a sus 767 trabajadores.
Otro antecedente a tomar en cuenta es que del total de negociaciones, ocho corresponden a alguna división de Codelco, lo que genera una mayor atención por parte de la opinión pública.
Otros riesgos para el sector
Si bien estas negociaciones son momentos delicados más allá de que se trata de procesos normados, Merino comenta que hay presentes otros riesgos que se deben monitorear. Como por ejemplo, la tramitación en el Congreso del proyecto de royalty y las futuras normas de minería que propondrá la Convención Constitucional.
“Es clave despejar estas incertidumbres a fin de que la inversión en minería se despliegue con fuerza”, explica Merino. Además, califica como crucial que estas normativas otorguen certeza jurídica, estabilidad y no afecten la competitividad de Chile como país minero. “Si hacemos bien esta tarea daremos un impulso robusto a la inversión minera y esta volverá a ser un motor de crecimiento y desarrollo como lo fue en el pasado”, opina el ejectivo.
