El arquitecto experto analiza los desafíos legislativos del presente año en la denominada “reforma a la permisología” y los riesgos que implica esta burocracia para los proyectos de inversión, como los mineros.
Tras poco más de un año de tramitación, el paquete de reformas de permisología entrará en una nueva etapa. Uno de los asuntos que varios expertos consideran al debe es a nivel de aprobación de permisos ligados a la preservación patrimonial, a cargo fundamentalmente del Consejo de Monumentos Nacionales.
El subsecretario del Patrimonio Cultural durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, Emilio de la Cerda analiza el estado actual de la tramitación y proyecta cómo debería ser este año en cuanto a la conjugación del área patrimonial con proyectos de inversión.
De la Cerda considera que nada asegura “una eventual aprobación del proyecto en la Administración actual. Probablemente lo que ocurra, sobre todo en año electoralpresidencial y de parlamento, es que ojalá logremos avanzar lo más posible en el Congreso con la ley para que un próximo gobierno pueda terminar ese ese trabajo”.
Avanzar en Patrimonio Cultural
¿Cuál es su evaluación sobre el paquete de «reformas a la permisología» presentado en enero de 2024? ¿Considera que se ha avanzado lo suficiente en esta materia? ¿En qué hay que poner atención este 2025?
En el campo del patrimonio cultural, el foco debe estar en el avance del debate en el Senado sobre la Ley de Patrimonio Cultural. Este proyecto de ley ingresó durante el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera y, tras una larga tramitación en la Cámara de Diputados, fue aprobado por el Pleno en marzo de 2022 y enviado al Senado.
Desde entonces, hasta fines de 2024, el proyecto no tuvo movimiento en el Senado, y el Gobierno tampoco lo impulsó debido a la realización de una consulta indígena, una demanda de diversas comunidades indígenas. Tras este proceso, se ingresaron una serie de indicaciones al proyecto original, las cuales no lo reemplazan sino que lo fortalecen. Estas indicaciones refuerzan la estructura del proyecto, incorporando nuevos conceptos como patrimonio inmaterial, paisajes culturales y sitios de memoria. Además, mejoran la gestión, el financiamiento y la articulación con la planificación territorial, optimizando la obtención de permisos y la protección del patrimonio.
El proyecto también introduce mejoras en el sistema orgánico del Consejo de Monumentos, con figuras descentralizadoras y profesionalización. Por ello, la prioridad para 2025 en materia de permisos vinculados al patrimonio cultural es avanzar en la aprobación de esta ley en el Senado.
Otro aspecto relevante es el avance del reglamento de excavación arqueológica y paleontológica, que busca actualizar la normativa de 1991. Este reglamento, de enfoque científico, está desactualizado en términos de gestión y concepto, ya que es previo a la Ley de Medio Ambiente, que regula los impactos ambientales e incluye la arqueología dentro de las áreas protegidas.
¿Cree que el Consejo de Monumentos Nacionales es el principal obstáculo para la concreción de proyectos de inversión?
Yo diría que la respuesta no es el Consejo de Monumentos. El problema es la legislación patrimonial existente: la Ley de Monumentos Nacionales.
Esta es la que otorga las facultades y define la orgánica del Consejo de Monumentos Nacionales. En realidad, nosotros tenemos un órgano que es el Consejo de Monumentos, que está regulado por una ley que es la Ley de Monumentos Nacionales del año 70, que a la vez está basada en un decreto de 1925 y que es un órgano centralizado que tiene la participación de organismos públicos y de la sociedad civil que hoy día no necesariamente representa los desafíos de patrimonio Cultural en Chile que no tienen herramientas de gestión, de financiamiento, de planificación territorial, entre muchos otros temas que tiene todo su marco conceptual obsoleto.
Partiendo por el tema arqueológico que tiene, ni siquiera define qué es lo arqueológico y me parece que la urgencia máxima con relación a este tema es lo que hablábamos en la pregunta anterior sobre actualizar la Ley de Monumentos Nacionales.
Ahora, dicho eso, la ley actual que es muy limitada, desde luego que se pueden generar mecanismos puntuales de mejoramiento de gestión de claridad, los protocolos de refuerzo, los equipos técnicos para poder acelerar los procesos, etc…
Pero todo eso tiene un techo, ya que hoy en día, el único que toma decisiones en Chile es respecto al patrimonio cultural protegido por Ley de Monumentos es el Consejo Monumento, órgano centralizado colegiado que sesiona dos veces al mes y que la verdad es que ahí está el cuello de botella por efectos de la ley, digamos, de todos los temas patrimoniales que hoy día tiene una incidencia tan fuerte en el desarrollo económico y también en el desarrollo del o en el resguardo del patrimonio cultural.
O sea, esta es una ley que es como el “perro del hortelano”, o sea que no come ni deja comer, porque en el fondo, tiene trabados muchos procesos del país de inversiones grandes y también de proyectos chicos, pero también es una ley que no asegura para nada la protección efectiva del patrimonio cultural en Chile. Entonces, es doblemente preocupante la que esta herramienta hoy día no está cumpliendo la función para la cual fue creada.
Minería
Dada la actual permisología, ¿considera que está en riesgo la cartera de proyectos mineros estimada por Cochilco US$ 83.181 millones?
Yo distinguiría entre el concepto de permisos sectoriales y permisología, porque los permisos en todo país suponen una cautela del bien común desde los órganos públicos que tratan de conciliar el desarrollo económico, incluso la inversión privada, la generación de industria, el derecho a ambientes libres de contaminación, la protección del patrimonio cultural, entre otros.
Aquí el problema no es con los permisos y los proyectos mineros u otros, sino que es con lo que aquí se ha dado a llamar permisología, o uno podría decir una sobre burocratización o arbitrariedad al momento de exigir el cumplimiento de esas normas.
Entonces, si es que por permisología se entendería una cierta arbitrariedad en la aplicación de la norma que genera incertezas jurídicas, que aumenta los costos de los proyectos; que no logra conciliar ni siquiera la protección del patrimonio con los proyectos de inversión, que se toma unos tiempos fuera de todo marco reglamentario y que en circunstancia pareciera que no contribuye al cumplimiento de las mismas normas y al desarrollo económico del país, claramente que ese concepto de permisología, sí pone en riesgo cualquier cartera de inversión y desde luego que la que mencionas de Cochilco.
Instrumentos de registro
¿Qué mecanismos considera necesarios para asegurar que la agilización de permisos no afecte la calidad de las construcciones ni la protección del medioambiente?
Es un tema bien fundamental. La pregunta atiende un punto que es del cual se habla poco, y es que el patrimonio cultural, su resguardo, su potenciamiento, su desarrollo, o sea su proyección futura, es parte del desarrollo. En general, se plantea una visión muy binaria según la cual el recuerdo del patrimonio cultural sería de suyo un impedimento al desarrollo.
La comprensión que hoy día se tiene, y al menos en el concierto internacional, es que los procesos de desarrollo económicos, humanos, digamos en los distintos lugares y territorios, digamos, se deben considerar el patrimonio cultural como parte de ese desarrollo. Eso nos lleva directamente a temas que deberían orientarse en menor medida a lo reactivo.
En general, la existencia de instrumentos de registro público de información suficiente que permita realizar un proyecto sobre base cierta y disminuir las incertidumbres que supone un proyecto de desarrollo territorial grande, por ejemplo, de inversión, sea minero, energético o lo que sea, o de viviendas, inmobiliario o vivienda social.
