Bajo la organización de la Comisión de Política Minera, del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), y con el apoyo de la Asociación de Municipios Mineros de Atacama (ARMA), se desarrolló el Foro “Royalty para el Territorio y Condiciones para el Crecimiento”, donde se revisó el aporte de la minería a los territorios, así como el eventual impacto de las últimas indicaciones del Gobierno a esta iniciativa. En la actualidad el eje del debate se centra en las diferencias entre las cifras de tributación efectiva presentadas por Hacienda, frente a las que calculan consultores independientes.
El gerente general de la consultora GEM y docente de la Universidad Católica, Juan Ignacio Guzmán, analizó el aporte fiscal de la minería, así como la competitividad de la industria nacional en un contexto en que hay que contemplar el largo plazo. Guzmán enfatizó que entre 1990 y 2020 “la industria minera del cobre ha hecho una contribución neta el país de US$ 810.000 millones. Eso si sumamos no solamente las utilidades que han ganado las empresas, sino que también los encadenamientos productivos y empleos. Por cada US$ 1 que han recibido los accionistas de la minería privada, el Estado de Chile ha recibido US$ 4,5 en términos de recaudación fiscal”, señaló.
El experto en economía minera expuso que, de aprobarse la propuesta de Royalty, “hacia 2035 muchos de los proyectos que estaban como caso base (en la carpeta de inversiones mineras) ya no entrarán. Este royalty acumularía una recaudación fiscal adicional, es decir, la promesa de recaudar más es cierta hasta 2035. Posteriormente, la tensión con la caída de la producción haría que, con las menores utilidades sostenidas en el tiempo, conlleven que después de 2035 el efecto neto en términos de recaudación fiscal desaparezca”. Añadió que también existiría una merma en el PIB a partir de ese año, “del orden US$ 6.000 millones anuales, lo que representa dos puntos del PIB”.
Cabe señalar que la actual propuesta con sus últimas indicaciones, contempla un impuesto ad valorem sobre ventas de tasa plana de 1% para la gran minería del cobre cuya explotación supere las 50.000 toneladas. En caso de que el margen operacional sea negativo, no procederá el pago de este gravamen. También se modifica la escala de tasas para aplicar el impuesto en función del margen operacional de las empresas mineras, las que fluctuarán entre un 8% y un 26%. Para el cálculo del margen operacional se podrán descontar los gastos propios de la faena productiva, insumos y la depreciación.
Además, el gerente general de GEM explicó que la participación de Chile en el mercado cuprífero tuvo crecimiento hasta el año 2004, donde alcanzó un tope de 37%, pero hoy se ubica cercana al 25%. Sostuvo que lo anterior demuestra que el país ha perdido terreno y competitividad como principal productor de cobre. Existe menor producción por mayores costos.
Perspectiva tributaria y regional
En tanto, el ex director del Servicio de Impuestos Internos y consultor tributario, Michel Jorratt, hizo notar que “si nos comparamos con Perú, podríamos pensar en un mayor aporte fiscal sin dañar la competitividad. El inconveniente es que el actual Impuesto Específico a la Minería (IEAM) es poco progresivo”. De acuerdo con Jorratt, el máximo que puede recaudar es de 12,3% con precios muy altos de cobre. Por ejemplo suponiendo que la libra de cobre llegará a transarse a US$ 7 dólares la libra el IEAM recaudaría solo 8,8%.
El experto tributario sugirió combinar tres instrumentos: (i) un impuesto sobre las utilidades, como gravamen normal de primera categoría; (ii) un royalty ad valorem de tasa baja para permitir más estabilidad en la recaudación; y (iii) un impuesto sobre la renta, es decir, un royalty sobre utilidades que permita recaudar una mayor proporción.
Finakmente, el alcalde de Freirina y presidente de la Asociación de Municipios de Atacama (ARMA), César Orellana, comentó en su presentación que «proponemos que las comunas mineras reciban una mayor parte de la recaudación minera, ya que debe funcionar como una compensación a la extracción de recursos en las comunas”.
