La exposición de Chile a los terremotos exige un análisis profundo y actualizado de los activos críticos de la industria minera, según Keypro Ingeniería.
Luego del sismo de 7.3 grados Richter en la Región de Antofagasta, cuyo epicentro se registró 20 kilómetros al sur de San Pedro de Atacama, desde Keypro, la empresa chilena que desarrolla soluciones para una minería sostenible, se advierte la necesidad de que la minería chilena actualice la evaluación de riesgos que puedan afectar principalmente a sus activos críticos y la continuidad de sus operaciones en caso de un megaterremoto.
“Hay brechas importantes que la minería tiene que evaluar porque está muy expuesta al riesgo sísmico. La gran pregunta es si estamos realmente preparados para un terremoto de gran magnitud”, afirmó Alfredo Bustos, jefe de Proyectos y Especialista en Estructuras de Keypro Ingeniería. La firma ha trabajado en diversas operaciones nacionales para estimar potenciales vulnerabilidades en infraestructuras como transporte de fluidos, plantas concentradoras, depósitos de relaves e infraestructura auxiliar.
Los expertos señalan que, si bien los principales actores del sector han detectado y gestionado los riesgos, la forma en que sus activos críticos podrían soportar un «megaterremoto», de las características del registrado en la zona centro-sur del país en febrero de 2010, es todavía una conversación en desarrollo para la industria.
“Lo que hemos visto en nuestros estudios, y analizado en profundidad, es que el riesgo de falla estructural de los activos críticos existe porque las operaciones mineras chilenas están ubicadas en zonas de alta exposición a este tipo de emergencia”, precisó Bustos, agregando que la infraestructura crítica y también auxiliar más antigua, previa incluso a la normativa de 2003, debe ser revisada, reemplazada y/o reforzada. “Muchas veces las mejoras significan un tiempo que afectan la producción. Por lo tanto, lo recomendado es realizar un análisis de riesgo que evalúe reparación vs producción”.
El contexto ocurre en medio de la transición de la norma sísmica industrial desde la actual regulación del año 2003 a la marcha blanca de la publicada en 2023, que establece mayores exigencias para las compañías del sector. “Esta modificación ha generado un debate aún latente en el mercado local porque la nueva norma tiene estándares muy altos, lo que tendrá un impacto en los costos de inversión de los proyectos”, comentó al respecto Bustos.
El ejecutivo enfatiza en que el movimiento telúrico registrado en la Región de Antofagasta, centro de la actividad minera chilena y donde se concentra la mayor producción de cobre en el país, supone una oportunidad para reactivar la discusión sobre los riesgos sísmicos en activos críticos de la gran minería y adoptar decisiones orientadas a gestionar de forma robusta las vulnerabilidades. “Las normas chilenas de construcción son destacadas a nivel mundial por su elevado estándar de exigencias, que ha permitido minimizar el impacto de algunos de los mayores terremotos registrados en la historia. Desde la perspectiva de la minería, como la principal actividad económica del país, es una discusión interesante de poner sobre la mesa”, puntualizó Bustos.
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