El abogado minero, quien también ocupó el cargo de fiscal en el Ministerio de Minería, expresó sus opiniones hacia el rol del Estado en la preservación del patrimonio, en el contexto de la reforma que propone el Ejecutivo junto a otras medidas para agilizar la “permisología”.
Durante el último fin de semana de mayo se celebrará una nueva versión del Día de los Patrimonios, iniciativa que este 2024 cumplirá 25 años de historia. Y este es, precisamente, uno de los temas que convoca la reforma a la “permisología” que presentó en enero el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Dividido en cuatro partes, separa en proyectos distintos lo que concierne al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), permisos sectoriales, concesiones marítimas y el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).
Para hablar sobre este último punto, entrevistamos a Gastón Fernández, un referente de la minería en la materia. El abogado conoce a fondo el organismo, dado que fue miembro del Consejo de Monumentos Nacionales durante 27 años, como representante de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía (SCHHG), siendo reconocido como el consejero con mayor longevidad dentro del órgano. Asimismo, se desempeñó como fiscal del ministerio de Minería en el gobierno del expresidente Ricardo Lagos y fue subsecretario (s) de la cartera durante el gobierno del expresidente Eduardo Frei. Actualmente es miembro honorario de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y trabaja junto a las Naciones Unidas para la definición de políticas de minería submarina.
¿Cuál es el rol e importancia del Consejo de Monumentos Nacionales?
Para entender su importancia tenemos que ir al origen de la ley 17.288 que crea el Consejo de Monumentos Nacionales, promulgada en 1970 y que rige hasta hoy. Este organismo tiene por base ser interdisciplinario y técnico y su funcionamiento requiere de un reglamento, que no ha sido dictado a pesar de que la ley ya lleva más de 50 años de vigencia. De todas formas cabe destacar que esta preocupación por la cultura en Chile nace tardíamente, a comienzos del siglo XX. Muchos otros países, con mayor herencia histórica como Argentina, Perú y México tenían hace ya un siglo una legislación para la preservación y reconocimiento de su patrimonio. En Chile, en cambio, nos vimos obligados a dictar un decreto de ley en 1925, año en el que el país sería sede de un Congreso Panamericano en el que uno de los temas a tratar era trabajar en un esfuerzo común para proteger el patrimonio arqueológico, paleontológico y cultural.
¿Cuáles son los principales desafíos que presenta actualmente el Consejo de Monumentos Nacionales?
La Ley de Monumentos Nacionales es bastante completa, sin embargo, le falta un reglamento claro que evite las ambigüedades, que hoy ocasionan todos los trastornos y los retrasos. Contar con un reglamento claro es algo que no lo ha querido entender ninguna de las autoridades. No creo que la estrategia sea avanzar en establecer una nueva Ley de Monumentos Nacionales, como se ha pretendido equivocadamente, sino solamente es necesario contar con un reglamento que termine con las ambigüedades. Los trámites arqueológicos y paleontológicos son los que provocan más retrasos hoy. Si aparece un huesito, te pueden paralizar una obra porque no saben si el hueso es de pollo o es de un dinosaurio. Eso es lo más grave y nadie se percata de eso.
No existen definiciones para establecer la antigüedad de lo arqueológico, ¿un camisón de dormir de 1960 puede estimarse arqueológico? ¿Una botella de cerveza? ¿O es una pieza arqueológica efectivamente un artefacto indígena o de siglos pasados?
Minería: arqueología, paleontología y retraso de proyectos
Por el lado de los proyectos, ¿cómo podrían las empresas mejorar sus parámetros para entregar información al Consejo?
En primer lugar debe haber una preocupación genuina por la preservación a la hora de planificar un proyecto, y escuchar a las comunidades. Al menos ahora sí tenemos una ley de Monumentos Nacionales, pero, lamentablemente sin contar con definiciones reglamentadas, no hay mucho más que hacer y sabemos que las paralizaciones de proyectos son muy costosas, especialmente para los mineros.
Usted habla que hay mucha ambigüedad, que por eso detienen los proyectos. Pero desde el punto de vista de las mineras, por ejemplo, ¿qué pueden hacer?
Las mineras deberían haber sido las primeras en haber alegado que lo paleontológico y lo arqueológico se limite a lo realmente que hay que proteger, pero hasta ahora ninguna minera se ha levantado. Y los políticos quieren revisar todo esto en el Congreso, pero esto no es problema del Congreso, es problema del Ejecutivo.
Además de la ausencia de elementos jurídicos ya mencionados, como el reglamento ¿qué otros limitantes tiene el CMN y la ley?
Lógicamente el actual texto se puede perfeccionar. Por ejemplo, en el título V de la Ley de Monumentos Nacionales, en su artículo 21 se establece que todo hallazgo encontrado en territorio nacional, arqueológico o paleontológico, independiente a su tamaño, está protegido por el Estado de Chile, por el solo ministerio de la ley. Esto, a diferencia de iglesias, ruinas y monumentos que requieren de una declaración para ser reconocidas. Desde ahí que se protegen erróneamente cualquier fragmento, no piezas, porque a la primera no puedes establecer si es un hueso de pato o de dinosaurio.
El Estado debería asumir un papel más activo en la protección patrimonial. El peso de la protección lo tienen los particulares, el Estado solo tiene un rol supletorio. Se deben dar más elementos al Consejo, manteniendo su calidad de organismo técnicos interdisciplinarios.
