“Más que una discusión técnica sobre factibilidad y costos, me parece que la medida de nacionalización de la minería se ha ido convirtiendo en una consigna política, que define por defecto cuál es la preferencia política de uno, estando de acuerdo o no con la idea”, advierte la geóloga Irene del Real en esta entrevista con Minería y Futuro.
No es la primera vez que la doctora en geología de la universidad de Cornell -y una de las ganadoras del Premio For Women of Science 2020 de L’Oréal Chile junto a Unesco- habla sobre la iniciativa que avanza en la Convención Constitucional; en un análisis realizado para otro medio, la calificó de ”mala idea”.
“Siendo geóloga, me interesa que como sociedad estemos informados de la importancia de la minería y de las decisiones que se tomen sobre ella”, afirma Irene, al explicar las razones que la han llevado a hacer públicos sus cuestionamientos a esta propuesta, incluso a costa de recibir críticas.
Pero al mismo tiempo, reconoce que la industria y los gremios asociados con ella, han hecho una mala labor informando, y generando puentes o lazos con la población.
– En una reciente columna manifestó su apoyo a lo que representa la Convención Constitucional, pero al mismo tiempo advierte preocupación por iniciativas como la que pretende nacionalizar la minería. ¿Qué la llevó a plantear esa inquietud?
A mi parecer, la iniciativa que se presentó sobre nacionalizar la minería, no es una política que fortalezca el rol del Estado para avanzar hacia un mayor desarrollo a nivel país. Muy por el contrario, implicaría un inmenso costo por la expropiación e indemnización de la minería privada, y por la inversión en tecnología, si lo que queremos es avanzar hacia una actividad que vele por el cuidado del medioambiente.
En países con una base de derechos sociales fuerte, la minería ha avanzado en otra línea: el Estado y privados son aliados y se coordinan para el progreso de una industria sostenible.
Este tipo de temáticas tan importantes deben ser discutidas e informadas a cabalidad a la ciudadanía, y hacen falta instancias para esto. Debemos trabajar en democratizar estas discusiones, y estudiar bien las consecuencias y factibilidad de este tipo de medidas.
– Sobre declaraciones hechas por la convencional Ivanna Olivares, promotora de la iniciativa, sostiene que muestran “puro voluntarismo”. ¿Considera que no se ha tomado real peso de los costos y consecuencias de nacionalizar?
Creo que la diversidad de los convencionales es una de las mayores fortalezas que tiene este proceso, ya que refleja mejor el Chile que somos. Yo espero que esta constitución sea exitosa, y aún le tengo mucha fe. Sería poco realista, además, pensar que los convencionales sean expertos en todos los temas que se tienen que abordar. Para eso están los equipos que se encuentran asesorando a algunos conglomerados y convencionales.
Leyendo esta propuesta es que me surgió la preocupación por el manejo técnico, y la desconexión entre lo que dicen los números y lo que se promete. Por ejemplo, según informes financieros de la CMF de 2021, los activos de las principales empresas privadas de cobre son casi US$66.000 millones. ¿Tenemos como país el poder de desembolsar ese dinero? Proponer normas, sin considerar que los datos no acompañan, es voluntarismo. Por lo mismo, es bueno que el mundo más técnico pueda involucrarse en la discusión; es sumamente importante no dejar de participar, con un tono constructivo en el proceso constitucional.
– Para apoyar la iniciativa, se da como ejemplo a Bolivia. ¿Considera que se pueden sacar lecciones de la experiencia boliviana?
De todas las experiencias ajenas se puede y se debe aprender; pero creo que falta estudiar mejor la boliviana. El caso de ese país ha sido bastante más complejo; de hecho, hasta el día de hoy el Estado se encuentra en batallas legales con empresas extranjeras por este tema. Y en 2014 se modificaron las leyes, volviendo a abrir y flexibilizando el trabajo, entre minería estatal y privada; fueron los mismos mineros bolivianos los que pidieron volver a crear sociedades con empresas privadas, por falta de capital para invertir.
Pareciera ser que la experiencia boliviana también indica que la nacionalización de la minería es una mala idea.
Prioridades del Estado
– ¿Qué riesgos ve si se llega a aprobar una nacionalización como la propuesta?
Por un lado, está el capital que va a tener que desembolsar el país para poder expropiar y reembolsar a toda la industria minera privada.
Está también la interrogante de si el Estado sería capaz de manejar la industria minera completa del país, considerando el tamaño que esta tiene.
También hay que pensar en el capital para reinvertir en exploración, mantenciones de maquinaria, ampliación de faenas, etc.
En este sentido, una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía, y de muchos constituyentes, es velar por la protección del medio ambiente y los diversos ecosistemas de nuestro país. Una minera sostenible, que pueda cumplir con normas de cuidado medioambiental exigentes, es una de mayor costo y complejidad, en términos de tecnología e inversión. Podría pasar que (de aprobarse la nacionalización), en cinco o diez años más el Estado, en lugar de estar invirtiendo en un sistema de salud digno o ampliando la disponibilidad de salas cuna gratuitas, tuviese que estar invirtiendo en tecnología, para una industria que maneja exclusivamente él.
Pensar en cargarle todo este peso de inversión y administración al Estado, me parece tremendamente riesgoso e irresponsable.
– De hecho, ha afirmado que “no hace sentido que la capacidad técnica y financiera del Estado se enfoque en actividades como la minería. ¿Por qué razones?
Porque creo que existen otras formas de generar mayores ingresos, de manera más eficiente y con mucho menor desgaste. Lo que necesitamos como país son recursos para poder llevar a cabo grandes cambios, que entreguen una seguridad social real a la gente; necesitamos recaudar más, para invertir en mejoras reales para las familias de escasos recursos, ya sea en conectividad, en educación, en salud, pensiones y un largo etcétera.
Me parece que un Estado, invirtiendo todo su capital y esfuerzo en expropiar la industria más grande del país, es irresponsable. Hay formas de subir la recaudación de manera más eficiente, y sin el costo asociado que implica expropiar y nacionalizar. Debemos continuar la discusión sobre el royalty; hacer que la entrega de concesiones mineras sea eficiente, dinámica, y así más atractiva para inversionistas. Y pensar en modernizar o construir nuevas fundiciones para vender cobre refinado; este último punto está explicitado en el programa del presidente electo Gabriel Boric.
En mi opinión, tenemos el potencial para hacer una gran minería que sea un ejemplo mundial a seguir y que, por lo mismo, nuestro mineral tenga un valor agregado, que lo haga atractivo por sobre el de otros países.
– ¿Cree que en el debate actual en torno a la minería existe desconocimiento? ¿Qué ha pasado con la visión técnica?
En el tema Minería es muy común ver dos visiones bien polarizadas: los que están por nacionalizar, muy inspirados en reformas de los 70´; y un sector empresarial, conservador, que prefiere mantener el statu quo.
Más que una discusión técnica sobre factibilidad y costos, me parece que la medida de nacionalización de la minería se ha ido convirtiendo en una consigna política, que define por defecto cuál es la preferencia política de uno, estando de acuerdo o no con la idea.
Tenemos el deber de educar amablemente a todos, sobre la importancia de los metales; que se entienda que de la misma forma en que la agronomía es el pilar de nuestra alimentación, la minería lo es para nuestro desarrollo. Y debemos trabajar con la industria para mejorarla, modernizarla, que sea respetuosa del medioambiente y acercarla a la gente.
Rol privado y experiencia internacional
– ¿Qué papel le atribuye a la minería privada?
La minería privada ha sabido tomar un fuerte rol en el país, porque les ha sido muy conveniente, muy atractivo, en términos de royalty, estabilidad política, etc. Pero tenemos que recordar que es el país el que pone las reglas; y ahí tenemos mucho que avanzar, con una mayor regulación que permita mejorar el royalty, exigir el cumplimiento de normas medioambientales y redefinir un mejor pacto social entre comunidades y minería.
Pero también la minería privada ha sabido hacer un muy buen trabajo explorando el país; y ha introducido nuevas tecnologías y conocimiento, que han llevado a la minería en Chile a ser una industria moderna.
– En su columna mencionó como ejemplos para seguir y emular los de Canadá y Australia ¿Qué destaca de la relación minería/Estado de esos países?
Hay varios puntos de los cuales podemos aprender de otros países. En el caso de Canadá -y sin dejar de lado que recientemente ha mostrado tener una historia muy oscura de trato con sus pueblos originarios-, en el ámbito de la minería es un país que se destaca por incorporar a las comunidades o pueblos originarios desde el momento cero en un proyecto minero. En Chile, hasta hace poco tiempo, las relaciones con comunidades aledañas a faenas mineras no era tema, porque no existía la cultura de tomarlos en cuenta; eso ha cambiado mucho, y tenemos que aprender y ponernos al día en términos diálogo y mediación.
Desde 2019 la Columbia Británica -conocida por ser una provincia de Canadá con mucha minería- ha implementado normativas que crean espacios de colaboración y consenso entre pueblos originarios y empresas mineras, para tomar decisiones. Esta iniciativa ha sido exitosa, y países como Noruega y Suecia están comenzando a emularla.
Otro punto donde fallamos en Chile es en las concesiones mineras, que una vez obtenidas, se pueden retener de manera casi indefinida, pagando un mínimo (en comparación con otros países), aunque no se estén trabajando; esto implica una baja utilización. Mayor exploración en el país significa más recaudación, lo que debería ser nuestro norte.
