La Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), expuso serias preocupaciones en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, cuestionando su capacidad para mejorar la certeza y eficiencia en la evaluación ambiental de proyectos.
La reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA), contemplada en el proyecto de ley del Gobierno que busca fortalecer la institucionalidad ambiental y mejor su eficiencia, fue analizada ayer por parte de la SONAMI. En su exposición ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado, la entidad gremial subrayó la falta de coherencia y efectividad del proyecto de ley en su implementación y los riesgos que conlleva para el sector, al no contribuir en la eficiencia de los procesos.
Según el informe presentado por Jorge Riesco, presidente de SONAMI, el proyecto de ley falla en su objetivo de entregar mayor certeza durante la evaluación ambiental y no logra reducir los plazos de tramitación de proyectos. Además, introduce modificaciones estructurales que mantienen un componente político significativo y no resuelven los problemas de fondo.
Sobre este último punto, Riesco detalló que el reemplazo de las Comisiones de Evaluación Ambiental por una Dirección Regional o por el SEA (Servicio de Evaluación Ambiental), como plantea el proyecto en discusión, solo atenúa el problema pero no lo resuelve. Esto ya que las observaciones de carácter ambiental a los proyectos siguen dependiendo de un organimos de designación política (dependiente del Ministerio de Medio Ambiente). Adicionalmente, la eliminación del Comité de Ministros por una Dirección Ejecutiva del SEA, repercute en que el Servicio sea el que dicta la resolución y que luego conoce la reclamación.
No disminuyen los plazos
Además, el gremio criticó la propuesta de evaluación de impactos sinérgicos y acumulativos por ser impracticable. Riesco argumentó que establecer un plazo para que la autoridad realice esta evaluación al inicio del proyecto es esencial para evitar complicaciones y retrasos innecesarios.
Otro aspecto controvertido es la «carga dinámica de la prueba» en demandas de responsabilidad por daño ambiental. SONAMI sugiere su eliminación debido a las distorsiones legales y el desequilibrio procesal que podría generar, aumentando los costos y la litigación temeraria.
Finalmente, la SONAMI enfatizó la necesidad de una revisión en conjunto con otros proyectos de ley, como el que se tramita en paralelo en la Cámara de Diputados por “permisología”, para asegurar una coherencia legislativa que favorezca el desarrollo sostenible y una evaluación ambiental efectiva.
