Asociación de Industriales teme que Tarapacá pierda competitividad frente a otros distritos mineros, si se aprueba el proyecto.
La Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal, junto a gremios de la zona norte, planteó su inquietud sobre el proyecto de royalty a la minería, que se encuentra actualmente en la Comisión de Hacienda desde inicios de este año, tras ser aprobado por la Comisión de Minería y Energía del Senado.
Para el gerente general de la Asociación de Industriales de Iquique, Marcos Gómez, el actual proyecto bajaría la competitividad del país. “Significaría una tasa efectiva de un 50%, dejándonos como país fuera de competencia internacional. A ojos de potenciales inversionistas es una carga impositiva muy elevada, que hace que nuestro país -y por consiguiente las regiones como Tarapacá- pierdan competitividad frente a otros distritos mineros”, afirma.
Según cifras del Consejo Minero, un 39% de los empleos de Tarapacá están relacionados con la actividad minera de manera directa o indirecta. Tomando esa cifra más los resultados del estudio «Empleo Local y Minería en la Región de Tarapacá» de CCM-Eleva, Gómez sostiene que una propuesta como la actual podría desestabilizar el escenario. “La tasa de desempleo en nuestra región es de 9,6% y un 35,6% de los ocupados son informales, lo que supera el nivel promedio del país. Por lo tanto, un royalty desproporcionado pone en riesgo al potencial de trabajos en Tarapacá”, afirmó.
El proyecto se discutió hoy en la Comisión de Hacienda del Senado, pero el plazo para hacer indicaciones venció mucho antes. Ante esto, el dirigente gremial señaló: “Nos sorprende que siendo representantes de industriales de una región minera clave, no hayamos sido considerados para exponer nuestros puntos de vista, a pesar de haber solicitado presentar, solo expusieron representantes de gremios de Santiago y Antofagasta». Gómez considera que en esta instancia del trámite legislativo se llegue a un consenso en la carga, lo que permitiría que el país tuviera mayor recaudación fiscal sin perder competividad.
Ante la situación, los gobernadores de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, además de la presidenta de la Asociación de Municipalidades del Norte de Chile (Amunochi), la alcaldesa de Sierra Gorda, Déborah Paredes, y los alcaldes de Iquique y Alto Hospicio, Mauricio Soria y Patricio Ferreira, definieron una serie de demandas que se basan en una mayor participación en el proceso.
En un documento entregado al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, indicaron que deben participar también en la discusión sobre las industrias del litio e hidrógeno verde. «No es posible que la riqueza que se produce en nuestras regiones no tenga un correlato de participación vinculante desde nuestras regiones», se lee texto.
Las últimas indicaciones del Ejecutivo al proyecto del Royalty en 2022, plantean un impuesto ad valorem (porcentaje sobre el valor de un mineral) de tasa plana de 1% para la gran minería del cobre, cuya explotación supere las 50 mil toneladas. El proyecto excluye a la mediana minería y se establece que en caso que el margen operacional sea negativo, no procederá el pago de este gravamen por la empresa minera. El gobierno estima que el royalty minero recaudaría un 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB), de aprobarse.
El proyecto de ley considera tres fondos: Compensación de Externalidades para comunas mineras, Fondo de Apoyo para la equidad territorial y el Fondo Regional para la Productividad y Desarrollo. Sobre la tasa efectiva de tributación, las comunas que se beneficiarían son Iquique, Alto Hospicio, Huara, Pica y Pozo Almonte.
