Representantes de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, se mostraron preocupados por los efectos en la cadena de valor regional y pidieron hacer ajustes “más razonables” a las indicaciones del proyecto.
Los ajustes al proyecto de royalty minero presentados por el ministro de Hacienda Mario Marcel, siguen provocando reacciones en la industria.
La nueva propuesta del Ejecutivo, que recogió las voces de especialistas, asociaciones y empresas que pidieron moderar la iniciativa original para mantener la competitividad del ecosistema minero, elimina la distinción entre empresas con producción sobre 200.000 toneladas para efecto del cobro ad valorem, dejando un tributo plano de 1%. Además, considera una variable en que la tasa del componente sobre margen minero se determinará en función del mismo margen y no del precio del cobre, como se contemplaba en las indicaciones anteriores que fueron presentadas en julio.
Sin embargo, actores y especialistas de la industria concuerdan en que las medidas adoptadas no son suficientes, por cuanto la tasa efectiva se mantiene en niveles altos, lo cual perjudica la competitividad e inversión futura de la minería chilena.
Así lo manifestaron representantes de la Macrozona Norte, quienes expresaron su preocupación:
“El conjunto de la industria ya ha evaluado que las tasas efectivas se mantienen entre 48 y 49% como promedio. Esta es una cifra aún demasiado alta y que debe ser contrastada con el conjunto de los demás impuestos que paga la minería. Esto nos sigue dejando fuera de competencia frente a otros países mineros”, manifestó Marko Razmilic, presidente de la AIA-Antofagasta.
Por su parte, el presidente de Corproa-Atacama, Juan José Ronsecco, señaló que “hemos constatado que el nuevo proyecto del Gobierno es apenas 1 punto porcentual menor respecto de las indicaciones que ya conocimos en julio, y además superando en casi 12 puntos la tasa actual. Necesitamos sentido común, mantener la competitividad de nuestra minería y que el legislador comprenda que el valor local es lo más importante”.
A su vez, el presidente de la AII-Tarapacá, Leopoldo Bailac hizo un llamado a que “en la discusión que viene por delante se considere nuestra realidad regional, cuyos ecosistemas productivos están articulados en torno a la minería”, mientras que Francisco Puga, presidente de Cidere-Coquimbo, reconoció que “los expertos en tributación minera y la propia industria han analizado que hay espacio para que la minería contribuya más. Pero para eso debe moderarse sustancialmente el proyecto que ha presentado el Gobierno y, al mismo tiempo, presentarse incentivos confiables y de largo plazo para atraer y asegurar la inversión minera. ”.
Los representantes de la Macrozona Norte concuerdan en que la mejor forma de asegurar una buena recaudación a largo plazo es mediante un aumento en la producción minera, la cual genera no solamente tributación directa, sino un enriquecimiento de la cadena productiva total. Aseguran que para lograr esto, Chile debe concretar su cartera de inversiones de US$ 69.000 millones en esta década.
“Reiteramos que la minería no es solo un rajo o una mina subterránea, es un clúster completo y profundo, un sistema de prósperos encadenamientos productivos. En Chile, la minería representa más de la mitad de las exportaciones, un quinto del PIB, un quinto de las inversiones y un décimo de todo el empleo nacional. La minería nos permite pensar adecuadamente en el largo plazo. Sin duda, de la mano de ella podemos y debemos construir un mejor país”, concluyeron los líderes de la Macrozona Norte.
