El gobierno incorporó en el proyecto de financiamiento para la Pensión Garantizada Universal (PGU) una modificación al pago de patentes mineras. Hoy, las concesiones funcionan a través de patentes que dan el derecho a explorar y/o explotar a cambio de un pago anual.
Existen dos tipos de concesiones mineras. La patente de exploración está enfocada en el desarrollo de actividades de descubrimiento, caracterización, delimitación y estimación del potencial de una concentración de sustancias minerales, que pudieran dar origen a un proyecto de desarrollo minero. Tiene una duración de dos años, renovable por dos años más si se devuelve el 50% de la superficie. Su costo es de 1/50 UTM por hectárea.
El otro tipo de patente es la de explotación, que norma las actividades que tienen como fin extraer un recurso mineral de una mina que ya está definida. Tiene una duración indefinida y su costo depende si el mineral es metálico. En el caso de que lo sea, el cobro es de 1/10 UTM. Si no lo es, el cobro es de 1/30 UTM. Para la pequeña minería, el valor es de 1/10.000 UTM por hectárea.
En el proyecto que se presentó, la patente de exploración tiene una duración de cuatro años, pero se elimina la posibilidad de renovarla. Además, su precio aumenta a 3/50 UTM por hectárea. En el caso de la patente de explotación, su duración sigue siendo indefinida. El valor de las patentes ya otorgadas se mantiene solo para aquellas que demuestren trabajo y se iguala el valor de la patente no metálica al de la metálica (1/10 UTM). Sobre su precio, el proyecto propone una escala progresiva según el transcurso de los años para concesiones que no demuestren trabajos y no hace distinción por tipo de mineral.
De acuerdo a un análisis del Ministerio de Minería y Energía, el cobro que se hace por las patentes está muy por debajo de la media. Y a diferencia de otros países, no presenta requisitos de inversión para mantener la concesión. Este punto es fundamental, ya que estos requerimientos permiten garantizar la exploración y/o explotación en las tierras concesionadas y evitar su uso con fines de acaparamiento.
En Chile, las patentes de exploración están por debajo de la media 6,5 veces: 4 veces por debajo en explotación metálica y 13 veces por debajo en explotación no metálica. Con los cambios, el proyecto de ley las deja a un nivel competitivo, pero más cerca de la media y homologa las patentes metálicas y no metálicas de explotación.
Según se explica, existe un enorme acaparamiento de territorio. De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), un 36% de las hectáreas en Chile están bajo una concesión minera. En las regiones del Norte estos porcentajes alcanzan niveles mucho mayores: Atacama (84%), Tarapacá (81%), Coquimbo (76%), y Antofagasta (73%).
Esta baja disponibilidad de espacio dificulta el desarrollo de las actividades de exploración de empresas junior y de nuevos proyectos mineros. El catastro de concesiones de Sernageomin demuestra que existe acaparamiento de propiedad minera: el 50% pertenece solo a 15 empresas.
La liberación de concesiones mineras es una solicitud recurrente de los pequeños mineros. Además, en conformidad a lo establecido en el catastro, se estima que menos de un 10% de las concesiones están siendo trabajadas.
Las concesiones mineras de exploración duran dos años, renovables por dos más al entregar 50% del terreno. Pero en la práctica, no tienen límite de tiempo por la superposición de concesiones. Las concesiones de explotación no tienen límite de tiempo.
Por todos estos motivos, por la necesidad de la modernización del sistema de patentes, es que el tema se ha presentado en varias instancias, tanto en la política nacional minera como en la comisión nacional de productividad, además de programas de gobierno de diversos espectros políticos.
