La abogada experta en Derecho Minero de la PUC sostiene que se requiere “un análisis más profundo de la institucionalidad, del rol que tienen los organismos con competencia ambiental, y si para dar respuesta oportuna por los organismos cuentan con la infraestructura, presupuesto y técnicos necesarios”.
El debate sobre la permisología sigue abierto. La decisión de la empresa Colbún de suspender su proyecto Central de Bombeo Paposo en la comuna de Taltal -luego de la negativa de reposición por parte del Servicio de Evaluación Ambiental local-, ha generado preocupación en sectores empresariales y gubernamentales, especialmente porque significa la pérdida de una inversión en energías renovables por US$1.400 millones.
La abogada experta en Derecho Minero de la Pontificia Universidad Católica de Chile, María Luisa Baltra, analiza este caso acaecido en la Región de Antofagasta, principal distrito de los proyectos mineros en Chile.
¿Cree que existen diferencias de criterio entre los Servicios de Evaluación Ambiental Regionales? ¿Por qué?
El SEA tiene que regirse por la normativa que los regula, la que es la misma para las distintas oficinas regionales. El procedimiento es claro en cuanto las etapas que tiene, en materia de documentación requerida, revisión de antecedentes, informes. Asimismo, los funcionarios deben dar cumplimiento a la normativa existente y de no hacerlo pueden caer en situaciones en las que podría perseguirse, incluso, su responsabilidad administrativa. Consecuencia de ello, no debiese haber diferencias entre una y otra oficina regional.
Sin embargo, es necesario considerar que no todas las personas asumen el rol que les compete en los procesos de la misma manera y puede existir funcionarios más rigurosos en el cumplimiento de la normativa ambiental. Asimismo, puede influir en cómo enfrentan las distintas regiones la evaluación de proyectos, según el número de proyectos que se presenten, el tipo de proyectos de que se trate, el número de funcionarios que en cada región contemplen tanto en el SEA como en aquellos organismos que deben participar en el proceso para enfrentar los requerimientos de cada caso.
Tras esta experiencia polémica, ¿qué resulta más urgente de corregir en términos de Evaluación Ambiental en Chile?
Es fundamental tener claro que, si bien es necesario proteger el medio ambiente, también es necesario que en ocasiones se requiere dar la posibilidad de desarrollar actividades económicas que permitan el desarrollo del país, para la conectividad, y como consecuencia de ello, permita mejorar la calidad de vida de las personas.
Debe existir un equilibrio entre la protección ambiental y lo que es el desarrollo de las actividades o proyectos. Solo a modo de ejemplo, se requiere de la minería para obtener cobre y litio, el que permite un mejor desarrollo en materia de electromovilidad que permite mejorar la situación ambiental y enfrentar los devenires propios del cambio climático.
Una regulación excesiva, con una tramitación lenta por diversos factores no ayuda para avanzar en el desarrollo del país y por ello, no es extraño que los titulares de posibles proyectos prefieran invertir fuera.
En paralelo a la suspensión de este proyecto de Colbún, hubo un anuncio de una inversión por US$4.600 millones de Arauco en Brasil. Ellos señalan que les tomó tres años obtener los permisos allá, mientras que en Chile podría haber tardado más de una década, ¿qué le parece?
Es posible, por cuanto las distintas etapas que puede incluir la tramitación (incluidos recursos que debe resolver la Corte Suprema) tarda. Además, la existencia dentro del proceso del SEIA se incluya agentes políticos, no técnicos como es el Comité de Ministros influye, en ocasiones, en la aprobación o no de un proyecto y consecuencia de ello, la necesidad de llegar a otras esferas por la vía de recursos, lo que hace la demora sea aún mayor.
Mayor certeza jurídica
¿Cómo podemos avanzar hacia una mayor certeza jurídica en términos de aprobación de proyectos? ¿Cuán clave es la discusión en el Congreso con las reformas a la permisología?
Es importante tener en cuenta que debe existir un equilibrio entre el desarrollo del país y la protección ambiental. La respuesta no se encuentra en aminorar los plazos de la permisología, sino en hacer un análisis más profundo de la institucionalidad, del rol que tienen los organismos con competencia ambiental, si para dar respuesta oportuna por los organismos cuentan con la infraestructura, presupuesto y técnicos necesarios para efectuar evaluaciones adecuadas, determinar si las herramientas que se tienen en la actualidad son las adecuadas para dar cumplimiento a los requerimientos de la normativa. Realizado el diagnóstico, es posible después ver qué modificaciones deben realizarse y qué aspectos deben mejorar.
