Si bien una eventual nacionalización de la minería, impulsada por la comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional, se veía como la mayor amenaza para el sector, hoy surge otra más potente y real a ojos de la industria, porque sí podría contar con el respaldo necesario para ser aprobada por el pleno de convencionales.
Se trata de la iniciativa 430-5, que establece el Dominio Público Minero. Con una componente permanente y otra transitoria, plantea la extinción de las actuales concesiones mineras, junto con el fin del régimen vigente, para ser reemplazado por uno en que se otorguen concesiones administrativas, por un ente estatal.
Este punto es uno de los más preocupantes para la industria minera, porque implica que se pasa de un sistema de concesiones judiciales perpetuas -como es el actual-, a uno de concesiones administrativas y temporales. Además, la iniciativa no señala el tiempo, ni las condiciones de renovación, y tampoco se detalla el régimen de transición y la retroactividad de la norma. Por lo tanto, si se llega a aplicar a las concesiones existentes, se acercaría peligrosamente a una expropiación, advierten especialistas en Derecho Minero.
En el caso de las normas transitorias que contempla el texto, el gerente de Estudios del Consejo Minero, José Tomás Morel, explica que el principal riesgo es que no respetará las concesiones mineras vigentes, porque señala que se extinguirá la propiedad de estas al entrar en vigor la nueva Constitución. Sin embargo, por haber sido estas concesiones mineras otorgadas por sentencias judiciales, “el nuevo texto constitucional está expresamente limitado en la posibilidad de afectar su esencia”, afirma.
En el caso de la norma permanente, Morel acota que la principal inquietud es que tanto la determinación de los derechos y obligaciones principales del concesionario, así como la enumeración de las sustancias que serán concesibles, quede entregada a una futura ley simple, susceptible de modificarse fruto de mayorías ocasionales. Esto debilitaría las necesarias certezas que requiere una industria como la minera, que es de largo plazo e involucra inversiones de gran magnitud. Por ello, sostiene que estos aspectos deberían quedar bajo una ley de quorum superior.
El académico del Departamento de Ingeniería de Minería de la Universidad Católica, José Joaquín Jara, concuerda en que esta propuesta le otorga demasiado poder al eventual nuevo ente administrativo, para revocar los derechos cuando se le plazca: “eso podría generar corrupción”, advierte Jara, como ha ocurrido en algunas nacionales mineras africanas, que han aplicado modelos similares.
IMPULSORES DE LA PROPUESTA
Pero los convencionales de la comisión de Medio Ambiente, impulsores de esta propuesta, descartan que su componente transitoria implique una posible expropiación encubierta. “Esa disposición no extingue ninguna concesión, solo la propiedad sobre ella. La Constitución actual es el único caso, que yo conozco, en que un concesionario es propietario”, indica la representante del Colectivo Socialista, Trinidad Castillo.
Y añade que aspectos tan específicos, como los plazos de una autorización, no pueden ser de orden constitucional. “Nosotros tenemos que dar orientaciones generales, y después la ley y las características de cada autorización se encargarán del detalle”, subraya.
En la misma línea, el constituyente del pacto Independientes por una Nueva Constitución, Juan José Martin, defiende que un órgano administrativo sea el encargado de definir las concesiones. “Dejarle esta competencia a un órgano administrativo, permite una revisión necesaria por parte del Estado, que un órgano judicial no es capaz de realizar. Además, del hecho que sea un órgano administrativo no se sigue, necesariamente, que existan decisiones arbitrarias; sino que se realizarán en forma técnica, mediante un procedimiento transparente e informad”, afirma. En el caso de los plazos de la utilización y condiciones de renovación, reitera el argumento de que no son cuestiones que típicamente se señalen en una Constitución, sino que corresponden a materias de rango legal.
Por el contrario, Rodrigo Álvarez, convencional de Vamos Por Chile e integrante de la comisión de Medio Ambiente, asegura que la propuesta debilita jurídicamente la protección a las inversiones mineras. “Para inversiones de tan largo plazo, esta es una norma extraordinariamente perjudicial. Es muy malo para la industria minera chilena pasar de un estatuto de derechos, a un estatuto de permisos”, enfatiza.
Los constituyentes Martin y Castillo reconocen que están negociando aceleradamente una fórmula consensuada dentro de la comisión, entre los colectivos de izquierda que propusieron las iniciativas de Dominio Público y nacionalización, de manera evitar un rechazo cuando se voten en el pleno.
“Es imposible, a estas alturas, saber si llegaremos a una norma única, o qué características tendría. Sin embargo, desde los distintos sectores existe una muy buena disposición y muchos puntos en común”, reconoce Trinidad Castillo.
