El Copper Supply Analyst de CRU evalúa el contexto actual de las reformas a la permisología, valorando la propuesta sobre el sistema inteligente de permisos. Anque el “Sistema de Evaluación Ambiental 2.0 identificamos que no ha tenido una buena recepción”, advierte.
Según datos de Cochilco, actualmente existe una cartera minera que para el período 2023-2032 comprende 49 proyectos, sumando una inversión total de US$ 65.712 millones, de los cuales US$57.351 provienen de 37 iniciativas cupríferas. A la par, en el Congreso están en tramitación las denominadas “reformas a la permisología” con la idea de agilizar y reducir la burocracia de los permisos para aprobar proyectos de inversión.
En un contexto donde la competitividad minera de Chile se ha visto desafiada por otros países donde se explotan minerales en el mundo, mantener el atractivo a la inversión mediante reglas claras, es algo crucial. Así lo plantea el Copper Supply Analyst de CRU, Nicolás Muñoz, quien enfatiza que los proyectos mineros, “ya en su naturaleza son alto riesgo”.El experto profundizó qué elementos son cruciales en la reforma a la permisología actualmente en discusión.
Desde la perspectiva de atractivo a la inversión ¿Qué evaluación tienen sobre el avance en la tramitación de las reformas a la permisología planteadas por el Gobierno?
En general, los inversionistas lo han percibido como una buena señal, especialmente el Sistema de Permisos Inteligentes, el cual, en el papel propone soluciones al complejo sistema actual. Este proyecto también ha avanzado en el Congreso, por lo que hay optimismo respecto a su implementación.
Respecto del Sistema de Evaluación Ambiental 2.0 identificamos que no ha tenido una buena recepción, y hay dudas sobre cuánto impactara en la agilización de un proyecto minero.
¿Por qué es importante para la competitividad de la minería nacional la aprobación de estas reformas?
Para proporcionar mayor seguridad y claridad a la hora de invertir en proyectos mineros, que en su naturaleza ya son de alto riesgo. Se reduce la incertidumbre de estos, y con ello hay mayor certeza de los plazos y costos estipulados. Una de las mejores maneras de compensar las menores leyes y altos costos de los yacimientos mineros en Chile, es a través de los aspectos regulatorios, certeza jurídica y gobernabilidad.
¿Cuál es el plazo que debería considerar el país para zanjar estos temas? ¿Corremos una carrera contrarreloj con otras jurisdicciones mineras?
De zanjarse lo antes posible, será una buena señal para la industria, y los proyectos entrampados por el tema de permisos podrán saber si tienen la luz verde o no. Esto es clave para al menos sostener la estancada producción de cobre en Chile.
Sería una forma de anticiparse ante otras jurisdicciones, ya que estas también enfrentan desafíos. El caso de Perú (el país con mayor cantidad de proyectos greenfield en la región) el tema de permisología también es un cuello de botella (sumado a los conflictos sociales anti-minería y la minería ilegal). Lo mismo con Argentina, que tiene proyectos de cobre de gran envergadura, pero que los aspectos regulatorios aun los mantienen en evaluación.
Para que los de los proyectos de cobre que están en estudio logren iniciar su producción hacia finales o próxima década, deben estar progresando hoy en su ingeniería y permisos. En ese sentido si hay una carrera contra el reloj.
Consejo de Monumentos Nacionales: un organismo a reformar
¿De qué forma se ha relacionado el CMN con paralizaciones de proyectos mineros en curso? ¿Qué impactos se han podido detectar a nivel cuprífero?
Este año la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) público el estudio “Medición Tiempos para Tramitar Permisos de Inversión en Minería” y allí se identificó el “Permiso para hacer excavaciones de tipo arqueológico, antropológico y paleontológico” como uno de los 11 permisos críticos de la industria, cuyo impacto es en el “plazo de ejecución de los proyectos”. A diferencia de los demás permisos, este es calificado como un trámite no previsto, por lo tanto, hay un factor de incertidumbre lo cual lo hace complejo de prevenir.
Los hallazgos de esta naturaleza aparecen principalmente en la etapa de construcción, y eso lo cataloga como de alto riesgo, pues, la materialización de la inversión ya está en marcha.
En algunos proyectos relacionados a la industria del cobre, esto ha impactado en el retraso de la puesta en marcha, y sobrecostos.
Los extensos plazos para obtener una respuesta están vinculados a tres factores: Excesiva burocracia, poca claridad en la definición/ aplicación de criterios, y la falta de independencia del organismo.
¿Hay alguna experiencia internacional que podamos visualizar como ejemplo de buena compatibilidad en materia de tramitación de proyectos y su relación con hallazgos arqueológicos o paleontológicos?
Si bien países mineros como Australia, Canadá y Estados Unidos cuentan con una institucionalidad clara para abordar este tipo de situaciones, también hay que destacar que en esencia es un tema complejo de prevenir/controlar. Por ejemplo, en Australia hay casos recientes de proyectos mineros de cobre y hierro que han tenido un impacto arqueológico. Esto ha puesto en alerta a las instituciones sobre cómo se enfrenta el tema. En estos países, estos asuntos dependen en gran medida de las regulaciones del Estado donde se emplace la operación minera, por lo tanto, también enfrentan desafíos para enfocar el asunto de manera coordinada a nivel país.
