Por Sebastián Sagner, abogado asociado de Claussen & Velasco.
En Chile, la escasez hídrica es un problema actual y que crece exponencialmente, sobre todo en las zonas más áridas: las regiones de Atacama y Antofagasta. Por ello, la desalinización del agua de mar se ha convertido en una alternativa factible y cada vez más popular para satisfacer las necesidades de agua dulce para el consumo humano y funcionamiento de la industria; verificándose al respecto un crecimiento acelerado de privados dispuestos a participar de las licitaciones públicas, con el fin de adjudicarse las concesiones respectivas, pudiendo construir, mantener y operar las plantas desaladoras.
En virtud de la cantidad de proyectos existentes en la actualidad -y la inversión en ellos contemplada- las autoridades se encuentran examinando las fórmulas para abordar las concesiones de desalinización y sus respectivas bases, con especial énfasis en agilizar los tiempos para la pronta instalación de la infraestructura (considerando la necesidad actual del recurso hídrico).
«La alianza público-privada es una herramienta esencial para el desarrollo de los proyectos, siendo indispensable para la financiación, construcción, operación y mantenimiento de las plantas desalinizadoras, como también, para implementar alternativas innovadoras de protección ambiental».
Todo ello, sin dejar de lado los factores de preocupación que la industria trae consigo, tales como posibles impactos ambientales y el alto costo financiero de la tecnología empleada.
En este contexto, la alianza público-privada es una herramienta esencial para el desarrollo de los proyectos, siendo indispensable para la financiación, construcción, operación y mantenimiento de las plantas desalinizadoras, como también, para implementar alternativas innovadoras de protección ambiental.
Por este motivo, el marco regulatorio para afianzar esta alianza -otorgando las respectivas concesiones- debe ser claro, facilitando la adjudicación dentro de un proceso licitatorio justo y eficiente, que establezca las medidas de protección ambiental a emplear por los privados en la ejecución de las concesiones conferidas, otorgando al mismo tiempo medidas fiscalizadoras eficientes a la autoridad ambiental. Todo con el fin de fomentar la inversión privada, garantizando que se cumplan los más altos estándares de calidad y seguridad.
