Por Agustina Venegas, abogada en Claussen & Velasco
Recientemente el Gobierno presentó la propuesta de reforma a la llamada «permisología», que incluye los proyectos de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Sistema Inteligente de Permisos), a cargo del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, Nicolás Grau; y la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Evaluación Ambiental 2.0), liderada por la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.
Estas reformas tienen como propósito agilizar la entrega de permisos, simplificar los procesos y mejorar la evaluación ambiental para facilitar proyectos de inversión; y así impulsar el desarrollo del país, entregando certeza jurídica a los inversionistas y al sector privado. En definitiva, buscan reducir la burocracia asociada con la obtención de permisos para el desarrollo de proyectos de inversión en Chile.
Gremios y expertos del sector privado han expresado su respaldo a estas iniciativas, considerándolas como un importante avance. Se argumenta que el actual sistema de tramitación de permisos es obsoleto y engorroso, generando un colapso regulatorio que se ha convertido en un obstáculo para numerosos proyectos de inversión en nuestro país.
La iniciativa conlleva tanto aspectos positivos, que tienen el potencial de simplificar y agilizar los proyectos de inversión, como también elementos que generan inquietud y dudas, en cuanto a su posible impacto en la tramitación de permisos.
Dentro de los aspectos que podrían simplificar y agilizar los proyectos de inversión destaca la reducción de tipos de permisos. Según el Ejecutivo, se prevé una reducción sustancial de al menos un 30% en el número de permisos necesarios para llevar a cabo un proyecto de inversión. Esta reducción se presenta como un avance significativo y se alinea con la crítica generalizada sobre la complejidad del proceso actual.
«En términos legales, la propuesta gubernamental para reformar la «permisología» en Chile es positiva y responde a una necesidad largamente identificada en el ámbito de la inversión (…) No obstante, es crucial realizar un análisis más detallado de los proyectos de ley una vez sean publicados oficialmente, a fin de evaluar sus disposiciones específicas y garantías legales para los diversos actores involucrados».
Es destacable también la propuesta de utilizar el «silencio administrativo» para disminuir los periodos de tramitación, pues hoy el tiempo de espera para obtener la respuesta de la administración excede largamente los plazos legales. Este mecanismo puede ser una herramienta eficaz para agilizar los procesos administrativos, y evitar dilaciones innecesarias para todos aquellos casos en que el organismo no responda dentro de plazo.
La consideración de las declaraciones juradas como una alternativa para sustituir permisos o modificaciones menores de proyectos con Resolución de Calificación Ambiental aprobada, también es un elemento innovador. Esto podría simplificar los procedimientos, en la medida que se asegure la veracidad de la información proporcionada por los solicitantes.
También la “tecnificación de las decisiones”, que se refiere a entregar mayores atribuciones al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), busca fortalecer la evaluación técnica; lo que suma como elemento positivo dentro de la propuesta. Así como la eliminación de instancias políticas en el proceso de evaluación ambiental, como el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental (COEVA), lo que puede contribuir a despolitizar el sistema y agilizar la toma de decisiones técnicas.
Sin embargo, la reforma también genera algunas inquietudes y dudas. Por ejemplo en relación a incentivar la participación ciudadana y la eliminación de requisitos para abrir etapas de participación. Esto podría fortalecer la democracia participativa, pero se cuestiona si, en la práctica, termine generando demoras en la aprobación de proyectos. En particular, se elimina como requisito para abrir una etapa de participación, la justificación de cargas ambientales para comunidades próximas. Lo anterior, no ayudaría en nada a simplificar y destrabar los proyectos de inversión. De hecho, hay expertos que señalan que actualmente esto no tiene por qué ser engorroso y demoroso, pues existen mecanismos para realizar consultas digitales y reuniones mediante videoconferencias.
A lo anterior se suma otra inquietud que representan nuevos desafíos y riesgos para los titulares de proyectos. Se trata de la legitimación del Consejo de Defensa del Estado para presentar acciones legales por daño ambiental, los cambios en la distribución de la carga de la prueba y el aumento en el plazo de prescripción para presentar demandas.
En términos legales, la propuesta gubernamental para reformar la «permisología» en Chile es positiva y responde a una necesidad largamente identificada en el ámbito de la inversión. La reducción de tipos de permisos, la implementación del «silencio administrativo» y la inclusión de las declaraciones juradas como alternativa son medidas que podrían contribuir significativamente a la agilización, simplificación y despolitización de los procesos administrativos.
No obstante, es crucial realizar un análisis más detallado de los proyectos de ley una vez sean publicados oficialmente, a fin de evaluar sus disposiciones específicas y garantías legales para los diversos actores involucrados.
