Por María Cristina Bogado, Bogado Ingenieros Consultores, Past President AIC
En medio del debate sobre la cantidad de permisos requeridos para llevar adelante proyectos de inversión en sectores como la minería, autoridades y especialistas coinciden en la importancia de avanzar en disminuir la “permisología” para impulsar el crecimiento y generar empleo en nuestro país.
Una de las tramitaciones más complejas que enfrenta la industria se refiere a la evaluación ambiental. Si bien esta contempla procedimientos claros y definidos que la ingeniería puede resolver de manera eficiente, también presenta importantes grados de discrecionalidad. De hecho, según cifras de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), las iniciativas greenfield pueden tardar hasta 11 años y seis meses en ser aprobadas, mientras que las de explotación metálica con relave y/o obras hidráulicas, más de siete años.
Desde la entrada en vigencia de la Ley de Bases del Medio Ambiente, los titulares de proyectos se han enfrentado a exigencias normativas que demandan conocimientos técnicos específicos, lo que ha dado lugar al surgimiento de empresas especializadas que reúnen equipos multidisciplinarios para resolver los desafíos de las evaluaciones ambientales. Estas asesorías, tempranas y altamente especializadas, juegan un papel crucial.
La minería -que ha elevado constantemente sus estándares de producción-, requiere diagnósticos precisos del medio en el que operará, así como proyecciones de los posibles impactos futuros. En este sentido, las nuevas tecnologías utilizadas por las firmas asesoras de la industria desempeñan un papel fundamental en la reducción del impacto ambiental y la conservación del medio ambiente, ante las crecientes exigencias regulatorias.
La Inteligencia Artificial (IA) emerge como una aliada en este camino, permitiendo el análisis eficiente de grandes volúmenes de información. Por ejemplo, la IA puede procesar miles de imágenes satelitales de forma rápida y precisa. Además, existen equipos como rastreadores satelitales para el monitoreo de la biodiversidad, facilitando actividades como el seguimiento de aves y la determinación de rutas migratorias.
Estas tecnologías permiten a la minería obtener datos precisos sobre aspectos cruciales como la evolución de humedales altoandinos o los efectos del cambio climático en ciertas áreas, información vital para diseñar planes de mitigación, compensación y restauración de los ecosistemas afectados por las iniciativas.
Como resultado, se observan importantes reducciones en los tiempos de desarrollo de los estudios requeridos en los procesos de evaluación, lo que se traduce en una disminución de los plazos de aprobación de las iniciativas.
El uso de tecnología de punta en el análisis de los territorios, tanto en términos de biodiversidad como de patrimonio cultural y social, facilita la tramitación de los proyectos y la implementación de planes de mitigación exigidos por la autoridad, contribuyendo a elevar los estándares de las inversiones realizadas por la industria. La idea es agilizar los procesos necesarios para que estas iniciativas se pongan en marcha en los plazos comprometidos.