El proyecto de ley que busca simplificar los permisos sectoriales logró destrabar los puntos de discordia entre el Gobierno y la oposición, tras llegar a un acuerdo en cuatro temas fundamentales. La discusión continuará la próxima semana, con miras a ser votado en la Sala del Senado en abril.
El proyecto de ley que combate la «permisología», impulsado por el presidente Gabriel Boric en enero de 2024, logró destrabar los puntos de discordia que frenaban su avance en el Senado. La iniciativa busca crear un «sistema inteligente de permisos» que agilice la obtención de autorizaciones sectoriales, especialmente para proyectos de bajo riesgo.
Tras meses de tensiones entre el Ejecutivo y la oposición, finalmente se llegó a un acuerdo en cuatro temas fundamentales que trababan la discusión. Uno de los principales puntos fue el uso de las «técnicas habilitantes alternativas» (THA), que permiten reemplazar autorizaciones por declaraciones juradas en proyectos de bajo riesgo. El senador Rojo Edwards (Social Cristiano) señaló que el protocolo firmado apuntaba a un uso preferente de las THA, «a menos que la ley sectorial determine lo contrario», mientras que el Gobierno proponía limitar su aplicación a casos específicos.
Otro aspecto acordado fue la «invariabilidad regulatoria», que garantiza que un proyecto en trámite no sea afectado por cambios normativos posteriores. Asimismo, se definió que los plazos para la resolución de permisos sean «fatales y obligatorios», con responsabilidad funcionaria en caso de incumplimiento.
En cuanto a la tramitación de permisos en paralelo, se acordó que los procedimientos permitan solicitar autorizaciones simultáneamente, evitando trámites secuenciales que afecten la eficiencia. El senador Kenneth Pugh destacó que este avance representa «la verdadera modernización del Estado» y podría reducir los tiempos en los trámites hasta en un 50%.
Aunque el acuerdo entre el Gobierno y la oposición permitió avanzar, el proyecto enfrenta una fuerte oposición de organizaciones ambientales. Cerca de 80 agrupaciones, lideradas por la ONG Fima, lo calificaron como «la motosierra ambiental de los ministros Marcel y Grau».
«Este proyecto, promovido por los ministros de Hacienda y Economía, es parte de un esfuerzo mayor de desregulación en materia ambiental que prioriza las ganancias empresariales en detrimento de los derechos de las personas y el patrimonio del país», señalaron las organizaciones en un comunicado.
Además, advirtieron que el proyecto podría eliminar procedimientos administrativos necesarios para la protección ambiental y reducir funciones estatales clave en la garantía de derechos públicos.
La discusión continuará la próxima semana, con sesiones programadas para el lunes y martes. Se espera que el proyecto sea despachado a la Comisión de Hacienda y luego a la Sala del Senado para su votación en abril, antes de pasar a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
