El abogado, consultor en patrimonio arqueológico y profesor de Derecho Ambiental de la U. de Chile plantea que, a la hora de encontrarse hallazgos arqueológicos no previstos, “se podría aplicar un procedimiento “fast track” o simplificado para poder agilizar la inversión en Chile”.
Concretar las inversiones mineras hoy es una prioridad, lo que se refleja en el escenario optimista que dejó la reciente Exponor con una proyección de negocios de US$940 millones, y una cartera de proyectos en Chile, la cual asciende a US$65.712 millones para la próxima década.
Pero estas auspiciosas cifras se enfrentan a la llamada permisología que impide que se materialicen estos proyectos de inversión, siendo el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) una de las instituciones con facultades para detener la ejecución de este tipo de iniciativas. Así lo revela la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) que, en su estudio relativo a los permisos prioritarios para acelerar las inversiones, donde destaca al CMN como una de las tres instituciones que recibe la mayor cantidad de solicitudes de permisos prioritarios, junto con el Ministerio de Salud y la Dirección General de Aguas. De hecho, otorga cuatro de los 63 permisos prioritarios definidos por la CNEP.
Sergio Montenegro, profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y consultor en patrimonio arqueológico, analiza la situación actual de este organismo, clave para la ejecución de las reformas impulsadas que buscan reducir los tiempos de tramitación.
En su opinión, afirma que el CMN “no se adecúa a la realidad nacional”, por lo que para activar su funcionamiento “es necesario reducir trámites, aumentar personal calificado y dotarlo de equipamiento conla mayor tecnología posible”.
Radiografía del sistema
¿Qué explica, a su juicio, los problemas que presenta el CMN a la hora de evaluar el impacto en el patrimonio arqueológico presente en el área de proyectos de inversión? ¿Es el CMN el principal cuello de botella a la hora de aprobar estos proyectos?
Los problemas que presenta el CMN, al evaluar el impacto ambiental de un proyecto de inversión, se explica por diversas causas. Entre ellas, su constitución, estructura funcional, personal y financiamiento, regidos por una ley dictada en 1970, que no se adecúa a la realidad nacional. Esto, ya que la situación de los años setenta no se compara con la actual dada la mayor cantidad de proyectos en toda actividad urbana y rural, que afecta a componentes del patrimonio cultural.
La evaluación debe considerar, frecuentemente, otros componentes incluidos en un determinado proyecto, tales como recursos hídricos, mineros, forestales, marinos y comunidades étnicas. Todos estos componentes se rigen por normas jurídicas particulares, lo que genera la necesaria coordinación y procedencia de las respectivas opiniones especializadas, causando la inevitable demora en su tramitación. A ello se agrega la frecuente oposición de grupos de la comunidad en general, ubicados en las cercanías de los proyectos, que no valoran elementos constitutivos del patrimonio cultural nacional.
Desgraciadamente, se han dado casos en que la escasa valoración de restos arqueológicos o paleontológicos se ha producido hasta en los Tribunales de Justicia.
Esto se ejemplifica en algunos hechos documentados, como el caso contra GasAtacama por daños a restos arqueológicos en San Pedro de Atacama, donde el Estado acordó una transacción por $120 millones. Otro caso similar se dio contra una importante compañía en Puerto Montt por destrucción de conchales en una bahía, donde el Estado demandó perjuicios por $400millones. Posteriormente, el juez de Primera Instancia rebajó la cifra a $150 millones y finalmente la Corte de Apelaciones la fijó en $30 millones, sin mayores fundamentos.
¿De qué forma se ha visto afectado el sector minero por estas falencias? ¿De qué manera se podría abordar mejor los hallazgos arqueológicos no previstos y que obligan a una tramitación no planificada ante el CMN?
El sector minero se ha visto particularmente afectado por las falencias anteriormente descritas, lo que ha determinado perjudiciales demoras en la tramitación a la hora de aprobar los proyectos, con las correspondientes pérdidas financieras, ya que normalmente los créditos que se han obtenido para su ejecución deben comenzar a pagarse, aun cuando estas iniciativas no cuenten con ingresos en ese momento.
También puede ser causa de ingreso tardío a un mercado de destino del producto minero, con la consecuente pérdida económica. Como posible solución para este escenario, podría reponerse un instrumento que se contemplaba en el original texto del Reglamento del SEIA (hasta 1980) que es la Solicitud de Autorización Provisoria (SAP), la cual podía otorgarse para iniciar la ejecución de un proyecto sin esperar la dictación de la Resolución de Calificación Ambiental, siempre que se entregue una póliza de garantía para responder por eventuales daños o perjuicios derivados de la ejecución anticipada del proyecto no evaluado. Con esto me refiero a los riesgos de daños que cubría una SAP, los que se producirían al iniciar un proyecto sin completa evaluación.
En cuanto a hallazgos arqueológicos no previstos, podría aplicarse un procedimiento “fast track” o simplificado. Esto se traduce en que puede aplicarse algo parecido a lo que establece el art.15.inc.3.Ley 19.300, que posibilita reducir a la mitad el plazo de evaluación en los Estudios de Impacto Ambiental.
Mejoras al CMN: simplificar y desconcentrar
En un reportaje se dio a conocer que miles de cajas con hallazgos arqueológicos que no se exhiben se acumulan en bodegas de museos. Desde el rubro de la construcción y el mismo Patrimonio Cultural creen que no todo lo que se rescata tendría valor histórico. ¿Qué opina al respecto?
Evidentemente existe un problema con las numerosas cajas con hallazgos arqueológicos que no se exhiben y se acumulan en bodegas de museos. En este sentido, creo que habría que evaluar si de ellos se podría seleccionar los de mayor valor, según evaluación de expertos, y realizar el mejor esfuerzo para ubicarlos y exhibirlos al público.
Ahora bien, también se debería inyectar más recursos a la unidad de museos para aumentar su capacidad de tenencia y puesta en valor, así como propiciar espacios público-privados para recibir fondos que permitan mejorar los actuales estándares.
¿Qué medidas se podrían implementar para agilizar el funcionamiento del CMN?
Creo necesario que, para agilizar su funcionamiento, es fundamental reducir trámites, aumentar personal calificado y dotarlo de equipamiento con la mayor tecnología posible.
Otra idea viable sería estructurar o desconcentrar el CMN en tres sub-sedes o direcciones con competencias en áreas del territorio nacional. Por ejemplo, la primera sub-sede con competencia podría comprender la 1 y 2 región; la segunda sub-sede competente involucraría desde la 3 a la 6 región; y finalmente la tercera sub-sede estaría entre la 7 a 16 región. Este lineamiento debería fortalecer la descentralización del organismo, con el propósito de tender hacia un funcionamiento más expedito del mismo.
