El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Sonami, Diego Hernández, expresó su «extrema preocupación» por la decisión de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional de aprobar una iniciativa de norma constitucional para la nacionalización de la minería del cobre. “Es una barbaridad la decisión adoptada, con claros y evidentes errores jurídicos. Se ha aprobado nacionalizar el cobre, pero el cobre es, actualmente, del Estado chileno. Así, esta medida solo significa nacionalizar las empresas, no los recursos naturales, que es lo que se quiere proteger. Con esta medida, se deroga también la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras”, afirmó Hernández.
La Comisión de Medioambiente de la Convención Constitucional aprobó en general este martes una norma que nacionaliza las empresas de explotación y exploración de bienes estratégicos, «pasando al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y de sus filiales relacionadas con su actividad en territorio nacional«, impulsada por Ivanna Olivares (Pueblo Constituyente) y otros independientes. Este punto logró 11 votos a favor y 8 en contra.
Además, la iniciativa establece que «no habrá lugar a indemnización alguna por los derechos sobre bienes mineros y de hidrocarburos ya que por mandato Constitucional pertenecen al Estado de Chile».
Reacción de Sonami
Al respeto, el presidente del gremio minero dijo que al escuchar los argumentos que justificarían esta decisión, “no se pondera el impacto que tendría una medida de esta naturaleza. Se pretende que, a través de una nacionalización, se manejará el precio del cobre, que se determina en mercados internacionales. Preocupa la falta de información detrás de la aprobación de una medida como esta”.
El titular de SonamiI recordó que Chile ha suscrito innumerables Tratados Internacionales que no se pueden desconocer: “Una nacionalización tendría serias consecuencias para nuestra economía en un contexto de globalización, ya que las empresas afectadas recurrirán a esos tratados para defender sus legítimos intereses, generando demandas en tribunales internacionales. Esto significará pagar a las compañías los montos que los tratados y tribunales internacionales indiquen, con base a lo que la Constitución vigente hoy indica. Esto sería un pésimo negocio para el país, en claro desmedro de las necesidades económicas y sociales y del futuro de Chile”.
Agregó, además, que el debate que se da en esta Comisión no solo carece de una visión jurídica y económica, sino que de los más mínimos elementos de funcionamiento de los mercados y del sector en particular.
El presidente de Sonami recordó que, a través red Compromiso Minero, se ha presentado una Iniciativa Popular de Norma que defiende el sector y que ya reúne más de 22 mil firmas de apoyo popular.
