Por Claudia López, presidenta del Colegio de Geólogos
y Patricia Narváez, presidenta de FEXMIN
La etapa inicial de todo proyecto minero es la exploración y que ésta sea exitosa. Para el gremio de quienes ejercemos la geología como profesión, parte fundamental de nuestro oficio es llevar a cabo la búsqueda de nuevos recursos minerales y comprobar su existencia a través de campañas de sondajes para ir generando de esta forma nuevas oportunidades mineras en el suelo nacional. Sin exploración, no hay minería.
Todos los pasos anteriores requieren permisos que han ido variando con el tiempo. Hoy en el Congreso se discute diferentes reformas legislativas relacionadas con la llamada “permisología” cuyo norte es agilizar, así como hacer más eficientes y claros los tiempos de tramitación de permisos en proyectos de inversión.
Quizás no esté tan visibilizado su costo en el proceso de exploración minera, pero, la verdad, es que como gremio nos apremia. Nos preocupa por el efecto que tiene en el conjunto de la minería nacional y el desarrollo general del país.
A comienzos de la década de los ‘80 el geólogo estadounidense David Lowell planteó un trazado de exploración siguiendo un modelo de franja metalogénica de pórfidos de cobre comenzando en la Región de Atacama hasta la Región de Antofagasta. En aquel tiempo, tardó aproximadamente dos años en hallar lo que hoy conocemos como el yacimiento Escondida en pleno desierto antofagastino, mina que hoy produce en el orden de 1.000.000 de toneladas de cobre anuales, lo que corresponde a cerca del 20% del total de producción de cobre nacional.
Ejecutar hoy la misma planificación de Lowell, tardaría aproximadamente siete años considerando los permisos que deben tramitarse en la actualidad para hacer exploración.
Esa es la situación que hay en este momento en el país. Si se impide que la exploración se haga con celeridad, a la postre, la posibilidad de encontrar nuevos yacimientos que reemplacen a las grandes faenas que están en este momento en producción, se vuelve remota. ¿Hace cuántos años no vemos germinar un proyecto greenfield– es decir, un proyecto nuevo- de gran envergadura en Chile?
Actualmente, una campaña de exploración minera tarda un mínimo de tres años en completarse. Eso quiere decir que la fase inicial de todo proyecto minero cubrirá al menos tres años, de los diez o incluso más que se están demorando en concretarse.
De lo anterior, en un contexto de limitaciones impuestas por el exceso de permisos ambientales y sectoriales que surgen en el camino. Desde la exploración, por ejemplo, hemos constatado en el último año que el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) está generando ciertos cuellos de botella para permitir realizar exploraciones geológicas en las laderas de cerros.
Considerando las consabidas dificultades que han manifestado otras entidades gremiales por estos cuellos de botella en organismos como el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), vemos que el tema de los permisos en Chile requiere urgentemente claridad y mejores definiciones para cada institución que entrega permisos. Puntualmente, de acuerdo con un oficio de Contraloría, el CMN tenía más de 3.700 permisos entre enero de 2022 y mayo del presente año, en varios casos, por más de 800 días sin dar respuesta.
Vemos con preocupación que, si la denominada “reforma a la permisología” no llegase a buen puerto, veamos situaciones como la del Consejo de Monumentos Nacionales replicándose en otros organismos y, en particular, en algunas organizaciones públicas que hoy en día son clave para llevar a cabo el proceso de exploración minera.
El país necesita claridad y confianza para que llegue inversión en un área donde Chile tiene un protagonismo global, como lo es la minería del cobre. No dejemos pasar la oportunidad en un contexto donde se está demandando más metal rojo por la transición energética. Nuestra gran preocupación es lograr concretar los nuevos proyectos de exploración en procesos eficientes, confiables y con plazos conocidos.
